La fiscalidad centra los choques entre los bloques ideológicos en el inicio de la campaña

Lo cierto es que, al borde del inicio de una reñidísima campaña electoral, la cuestión fiscal se convierte en elemento diferenciador entre partidos y modelos políticos. Estas son las líneas que han defendido, hasta la fecha, las distintas formaciones que competirán en las urnas el 4-M.

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, lleva días defendiendo que no piensa tocar los impuestos en Madrid. Lo ha dicho desde su primer acto de precampaña, y lo ha ratificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el pasado sábado garantizaba un «horizonte de estabilidad fiscal» en los dos próximos años –los que durará el Gobierno que salga de las urnas el 4-M– en Madrid.

El problema con que se encuentra Gabilondo es que él mismo presentó en febrero, en la Asamblea, una enmienda a la totalidad a la reforma fiscal que presentaba Vox y que, en esencia, recogía las rebajas de impuestos que planearon PP y Cs y que tumbaron la izquierda y Vox –éste último partido, tras un desencuentro con la formación naranja–.

En dicha enmienda, se planteaba una subida de 1,5 puntos en el IRPF para un nuevo tramo, a partir de los 78.000 euros anuales de base imponible, que pasaría de tributar al 21 por ciento a hacerlo al 22,5.

Además, proponían cambios en Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto de Patrimonio, manteniendo las bonificaciones pero haciéndolas más progresivas , en función de los ingresos del beneficiario. Con estas y otras medidas, los socialistas preveían incrementar la recaudación en torno a unos 600 millones de euros anuales.

Pero de esos planes no queda nada, a tenor de las afirmaciones del candidato en los últimos días: promete «no tocar la fiscalidad» si consigue encabezar ese Gobierno por dos años que afronte el delicado momento que se vive.

El PPlleva décadas defendiendo en Madrid las bajadas de impuestos. De hecho, mantiene la fiscalidad en el nivel más bajo en muchos de los tributos. Y quiere seguir así:la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo reiteraba ayer ante los empresarios madrileños, en la sede de CEIM: mantiene su compromiso de bajar los impuestos si gana las elecciones. En concreto, medio punto por cada tramo del IRPF.

Esta bajada se unirá a otras deducciones y bonificaciones puestas en marcha, y que pretende mantener: el 99 por ciento de bonificación en Sucesiones, y las deducciones por contratar a cuidadores de mayores dependientes, por estudios de posgrado, por alquiler de vivienda para jóvenes y otros.

Según los datos del PP, los madrileños se han ahorrado en los últimos 16 años unos 48.000 millones de euros gracias a la política fiscal llevada a cabo por los gobiernos populares . Niegan la acusación reiterada de estar haciendo ‘dumping fiscal’ y aseguran que la fiscalidad madrileña es similar a la del resto de países europeos, donde apenas existe el impuesto del Patrimonio o el de Sucesiones.

La formación naranja ha estado siempre del lado de las rebajas fiscales. Así lo ha demostrado en su etapa de cogibierno en Madrid, y también en la legislatura anterior, cuando sólo era socio de investidura, pero no formaba parte del Ejecutivo. En ambos casos, ha apoyado al PP en sus propuestas fiscales, e incluso en ocasiones ambos partidos han competido presentando en la Asamblea madrileña normativas con rebajas de impuestos prácticamente idénticas.

En Ciudadanos creen que Madrid no es un paraíso fiscal, pero tampoco quieren que se convierta en un infierno. Apoyan las bajadas fiscales para familias ,estudiantes o jóvenes.

Hace apenas tres meses, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, registraba una proposición de ley para establecer un impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas. Su idea es gravar a ese 0,8 por ciento de los contribuyentes con un impuesto específico en esa dirección. en la actualidad, este tributo está bonificado en Madrid, algo que según los datos de Más Madrid beneficia a un número muy reducido de personas, unos 20.000 contribuyentes, que cuentan con patrimonios muy elevados. Si pagaran ese impuesto, se ingresarían unos 996 millones de euros más en las arcas autonómicas. De hecho, según los cálculos de Más Madrid, se recaudarían así hasta 1.200 millones de euros, ya que se produciría un incremento progresivo del tipo impositivo para las bases liquidables superiores a los 2,6 millones de euros.

La sintonía entre Vox y el PP es total en lo que se refiere a los impuestos: desde la formación que lidera Rocío Monasterio están también a favor de reducir los tributos que pagan los madrileños, siguiendo la vieja máxima de que el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los contribuyentes.

Por eso, esta formación ha pedido públicamente rebajas fiscales. «Bajar impuestos genera riqueza y prosperidad», defendía recientemente en el pleno de la Asamblea madrileña la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

A la vez, esta formación también se han mostrado favorables a reducir lo que llaman «gasto político» innecesario, en entidades o cargos públicos prescindibles que suponen una importante inversión de dinero público.

Claro que fueron también los votos de Vox los que paralizaron, en marzo de 2020, la puesta en marcha de cuatro nuevas deducciones que PP y Ciudadanos llevaron a la Asamblea, y que se tumbó in extremis por los votos unidos de la izquierda, a los que se unió la formación de Monasterio, tras haber chocado con la formación naranja.

La apuesta fiscal de Unidas Podemos se ha basado en la redistribución: subir impuestos y eliminar exenciones, y con esa recaudación extra, blindar los servicios públicos, como la Sanidad y la Educación.

En el programa de 2019, proponían eliminar las bonificaciones en el impuesto de Patrimonio para los ciudadanos con más de 1 millón de euros, sin contar el valor de la vivienda habitual o el patrimonio afecto a la actividad económica del declarante.

También apostaban por eliminar las bonificacione en los impuestos sobreSucesiones y Donaciones para herencias de más de 1 millón de euros, «un 0,5 por ciento de todas las de Madrid», avisaban.

En cuanto al IRPF, su apuesta era reducir el tipo autonómico del 9 al 8,75 por ciento en el primer tramo –hasta 12.450 euros– e incrementar el tipo máximo actual del 21 al 23 %, creando, además, un tramo autonómico del 25 por ciento para las personas con bases liquidables superiores a 100.000 euros.