Amelia Calonge y Cristina Cifuentes
Amelia Calonge y Cristina Cifuentes - ABC

La Fiscalía no se plantea pedir la imputación de Cristina Cifuentes por el «mastergate»

La investigación cree que el asunto «nació» de una idea de Álvarez Conde

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Los vericuetos judiciales del llamado caso Máster, que ha acabado con la carrera política de Cristina Cifuentes, suman desde ayer un nuevo capítulo: el juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha ordenado la imputación de la funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que, supuestamente, cambió las calificaciones de la expresidenta regional, y la de la única de las tres profesoras que firmó el acta de la defensa del trabajo de fin de postgrado. Se trata, respectivamente, de Amelia Calonge y Cecilia Rosado. Ambas están llamadas a declarar el 10 de mayo a las 12 horas, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El origen de las imputaciones está en la denuncia presentada por Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca, cuya firma, asegura ella, aparecía falsificada en una de las actas de convalidación de materias a Cifuentes en el máster. A raíz de ello, la Fiscalía de Móstoles abrió diligencias de investigación que elevó a la magistrada de Plaza de Castilla.

El mismo día, acudirán a los juzgados, pero esta vez como testigos, los profesores de la URJC Alicia López de los Mozos, Sergio Pulido y Clara Souto. También Pilar Trinidad Núñez y José Antonio Lobato Moreno.

La titular del número 51 ya citó la semana pasada, también en calidad de investigado, al exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde. Acudirá ante la juez el 6 de junio, día en el que lo harán como testigos Figueruelo y otras doce personas, entre las que se encuentran los profesores Clara Souto, Alfredo Allué y Laura Nuño y nueve alumnos.

Tres asignaturas convalidadas

La juez solicitó al Instituto Universitario de Derecho Público que remita antes del 5 de junio los originales de las actas del 24 de mayo de 2012 correspondientes a la reunión de la Comisión de Garantías de Calidad del Máster para la convalidación de las tres asignaturas objeto del presente procedimiento.

Toda esta investigación está incardinada a esclarecer lo ocurrido con el máster de Cifuentes, una maraña de supuestas falsificaciones, trabajos que no aparecen, mentiras a diestra y siniestra, dimisiones, acusaciones, intrigas palaciegas, intercambios de favores y el prestigio de la URJC arrastrándose por los suelos.

Paralelamente, la Policía Nacional, a instancias de la Fiscalía, ha tomado declaración a los distintos protagonistas de esta historia. No así a Cristina Cifuentes. Según ha podido saber ABC, el Ministerio Público no se plantea pedir la imputación de la exmandataria autonómica. No hay pruebas, al menos por ahora, de que ella incitara a la supuesta manipulación de sus estudios en la URJC.

Fuentes de toda solvencia creen que el asunto «nació» en Álvarez Conde. Es decir, que fue él quien, presuntamente, ordenó a Calonge, por su cuenta y riesgo, que calificara con 7,5 la asignatura que le faltaba a Cifuentes («Financiación autonómica») y el trabajo de fin de máster. ¿Qué obtuvo entonces a cambio? Supuestamente, insisten nuestras fuentes, favores que no han sido aún esclarecidos.

«No existe el trabajo»

«Cifuentes no parece que vaya a ser llamada como imputada; otra cosa es que, más adelante y en función de las declaraciones del resto de investigados y de las testificales, la juez decida citarla como testigo», indicaron nuestros informantes.

Lo que parece claro es que «no existe trabajo de fin de máster y, por lo tanto, jamás lo defendió», indican los investigadores. Por lo tanto, Cristina Cifuentes llevaría mintiendo desde el mismo 21 de marzo, fecha en la que estalló el escándalo. Ella afirma que presentó la tesina en 2012 y que el 2 de julio de ese año, al día siguiente de su 48 cumpleaños y la misma jornada que se celebraba la Eurocopa que había ganado España.