San Fernando, otra vez al banquillo

El objeto de la causa es la concesión que en 2005 se realizó a DICO para la construcción de 154 viviendas en la parcela Echeveste del municipio, con un plazo de ejecución de dos años. Esta decisión se llevó a cabo pese a que el informe del arquitecto responsable del proyecto consideraba «irrealizable» la obra, ya que la cantidad de dinero que ofertaba la constructora parecía insuficiente.

Parece que la advertencia de los expertos era real ya que la obra se ha paralizado en dos ocasiones, se ha encarecido un 70% respecto al precio inicial y, aunque estaba previsto entregarla en 2007, no se darán las llaves, como muy pronto, hasta principios de 2010. Esto último se conseguirá porque después de todos estos problemas, fue otra empresa (Corsan Covián) la que se ha hecho cargo de las obras.

El pasado 21 de abril el Juzgado número 6 de Coslada decretó el archivo de las actuaciones por considerar que los hechos no eran constitutivos de infracción penal. Dicho sobreseimiento fue recurrido por el PP de San Fernando y también, parcialmente, por la fiscalía. Ambas partes consideraban«precipitada» la decisión del juez, ya que «no se ha agotado toda la investigación de los hechos que se han denunciado».

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido, por lo tanto, devolver el caso al mismo juzgado que lo archivó para que reabra la causa. El auto pone de manifiesto ciertos «defectos formales», como son el que en la parte dispositiva de la resolución no se haga mención a si el sobreseimiento es provisional o definitivo.

Sin conocer la información

Además, también remarca que la parte recurrente no ha tenido conocimiento de la documentación aportada por los denunciados hasta dictarse el auto de sobreseimiento.

El Fiscal, por su parte, propone una serie de diligencias que a la Audiencia le parecen «pertinentes y adecuadas» para investigar. En concreto, la acusación pide que la Empresa Municipal de Suelo del municipio aporte «toda la documentación» relativa a la licitación, adjudicación y posterior ejecución de la promoción de las 154 viviendas, así como la relativa al incremento en el precio de la obra durante su realización.

También pide tomar declaración como testigos al arquitecto y los aparejadores quienes en 2005 suscribieron el informe que calificaba de «temeraria» la adjudicación de la obra a DICO.

El PP de San Fernando de Henares advirtió hace cuatro años que los informes técnicos municipales consideraban la construcción como «irrealizable» debido a que la cantidad de dinero ofertada por la constructora parecía insuficiente. Al mismo tiempo, los populares denunciaron el contrato que la Empresa Municipal del Suelo (EMS) hacía firmar a los adjudicatarios. Dos años después el gobierno de San Fernando de Henares fue sancionado con 9.500 euros porque en el contrato existían cláusulas abusivas. Mientras, 154 familias siguen esperando sus pisos.