Familiares de víctimas en una residencia de Madrid, ante la juez: «Teníamos miedo de que no les atendieran»

«La información fue bastante mala» , relató ayer ante la juez Carmen Rodríguez-Medel, Rosana Castillo. «Queríamos saber quiénes les estaban atendiendo, cuántas enfermeras había... Sabíamos que había personas de baja y teníamos miedo de que no les estuvieran atendiendo», expuso una de las afectadas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid sobre lo ocurrido en la residencia.

La instructora tomó declaración ayer a seis de los familiares en la causa que se sigue a instancias de una denuncia de la Asociación del Defensor del Paciente y en la que están personados los afectados.

Yolanda Gumia, una de ellas, describió que su padre «se encontraba bastante bien» pero que, el 15 de marzo —el estado de alarma ya había entrado en vigor—, sufrió una caída. «El día 17 me llamaron a las 12.30 horas y me dijeron que había muerto . Que comenzó a respirar mal y a las dos horas murió. No sabían cómo fue», narró al concluir su testifical, recogida por Ep. Gumia insistió ante Rodríguez-Medel que desconoce en qué situación falleció su padre y si le pusieron o no un respirador.

Un día más tarde, el 18 de marzo, el Defensor del Paciente envío a la fiscal provincial una denuncia contra Monte Hermoso por delitos de homicidio imprudente , tras el fallecimiento entonces de 19 residentes y 50 contagiados. En un escrito, la presidenta de dicha asociación, Carmen Flores, se quejaba en esas fechas de «la falta de seguridad extrema , de limpieza, de personal y de los medios» en este geriátrico, entre otras cuestiones.

Durante la declaración, se preguntó a los familiares citados como testigos sobre la situación individual de cada residente. Asimismo, la juez indagó sobre el grado de conocimiento que estos tenían sobre las condiciones en las que estaba la residencia. Los seis familiares citados en esta sesión coincidieron, según fuentes jurídicas consultadas por Ep, que las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales «tienen mucho qué decir» sobre lo ocurrido.

Los testigos pusieron de relieve su indignación al considerar que el Gobierno regional disponía de « inspectores que podían saber» la situación en la que se encontraban los residentes. Todo ello en un contexto en el que, según ha trascendido, había más 30 empleados de baja en pleno pico del virulento brote de Covid-19.

Los familiares pidieron expresamente a la juez Rodríguez-Medel que «investigue» lo ocurrido subrayando que «quieren saber lo que pasó» . Al mismo tiempo exigieron responsabilidades y desearon que haya consecuencias sobre quienes pudieron incurrir en una mala gestión del espacio en el que murieron sus seres queridos. «Hablamos con Sanidad y con Políticas Sociales. Les pedimos ayuda y creo que ellos tienen mucho qué decir porque tenían inspectores que podían saber y creo que lo saben. Queremos que se haga público», concluyó Yolanda Gumia.