La presidenta Cifuentes, junto a los cuatro ex presidentes regionales: de izq. a derecha, Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González
La presidenta Cifuentes, junto a los cuatro ex presidentes regionales: de izq. a derecha, Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González - JAIME GARCÍA

El Estatuto de ex presidentes regionales de Madrid, atascado «sine die»

Podemos pide control de la agenda de quien cobra dinero público, y PSOE exige consenso

MADRIDActualizado:

El Estatuto de ex presidentes regionales no termina de arrancar. Aunque ya existe un borrador de su contenido, sobre el que hubo incluso un principio de acuerdo en noviembre de 2015, ha pasado casi año y medio y el documento sigue varado, sin que se sepa nada más sobre su aprobación. Sólo una sucesión de anuncios de hipotéticas fechas en las que ya estaría funcionando, y que según se superan, van desmoronándose como un castillo de naipes.

La idea de redactar un Estatuto de ex presidentes la anunció Cristina Cifuentes, a la vez que comunicaba la desaparición del Consejo Consultivo de Madrid. Este órgano, en el que participaban los ex jefes del ejecutivo autonómico Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón, y al que pidió incorporarse Ignacio González tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015, tenía como función elaborar dictámenes no vinculantes sobre los asuntos de la Administración autonómica. Les suponía un sueldo de 100.560 euros brutos anuales vitalicios, un despacho, coche, chofer y secretaria. Dejó de existir en diciembre de 2015.

90 por ciento del sueldo

Para no dejar a los ex presidentes sin ninguna cobertura, Cifuentes ofreció elaborar un Estatuto para ellos. Desde entonces aquí, el texto no ha pasado del borrador. El PP llegó a un primer acuerdo con el resto de grupos de la Asamblea en noviembre de ese año 2015, pero no fue suficiente para sacarlo adelante. Según explicaba entonces el portavoz popular, Enrique Ossorio, el borrador recogía un sueldo para los ex presidentes, equivalente al 90 por ciento de sus retribuciones en el cargo, que cobrarían durante los dos primeros años tras abandonar el cargo. Si hubiera gobernado durante dos mandatos, esta cobertura económica duraría tres años.

El Estatuto quedó aparcado hasta que el pasado otoño, los populares y Ciudadanos lo retomaron. Se condicionaba el cobro del salario de ex presidente a que no tuvieran otro trabajo y cumplieran la Ley de Incompatibilidades. Entonces se estimaba que el Estatuto podría aprobarse a finales de año.

«Queremos proceder a su tramitación parlamentaria cuanto antes, pero que obtenga el mayor apoyo»,

No ocurrió así. El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, confiaba entonces en tenerlo listo para el primer trimestre de 2017: «Queremos proceder a su tramitación parlamentaria cuanto antes, pero no queremos que sea un proyecto partidista sino que obtenga el mayor apoyo», decía entonces.

Cumplido el primer trimestre, y aún sin Estatuto, Garrido reconoce ahora que el tema estaba estancado, y no aventuraba fechas para su aprobación. La mayor parte de las autonomías tienen regulada esta cuestión: Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, Valencia y Andalucía.

De entre los ex presidentes madrileños, el único que aún cumple los plazos para acogerse a esta medida es Ignacio González, que cumplirá en julio de este año los dos ejercicios fuera del ejecutivo regional.

Criterios dispares

Los populares en el grupo parlamentario de la Asamblea insisten en que buscan unanimidad, pero les resulta difícil conseguirla por la posición, dicen, de Podemos. Reconocen que tienen el compromiso de llevarlo adelante «aunque sea sin ellos».

Fuentes del grupo socialista indican que están de acuerdo en general con el borrador de Estatuto que se conoce, pero ponen una condición para apoyarlo: «Que haya consenso de todos». Y eso «tiene que conseguirlo el Gobierno», recuerdan.

El diputado de Podemos Jacinto Morano responsabiliza del parón al PP: «Hace al menos un año que no hablan con nosotros de este asunto». Niegan que su partido suponga un obstáculo para el Estatuto: «No estamos disconformes con él, pero creemos que esa pensión que recibirían los ex presidentes durante dos años, y que es dinero público, exige tener control sobre la actividad y agenda de esas personas».