El Estatuto de «expresidentes» verá la luz antes de fin de año

Como informó ABC, los cuatro grupos de la Asamblea alcanzaron en noviembre del año pasado un principio de acuerdo amplio que se frustró en el último momento, pero que volverá a plantearse en la junta de portavoces en las próximas semanas para su aprobación definitiva. El borrador que se manejó en su día, y que ahora han retomado PP y Ciudadanos, contempla una retribución temporal para los expresidentes, equivalente al 90% de su salario oficial , que se prolongaría durante los dos años siguientes a su cese como gobernante. O tres años en el caso de haber sido investido por dos o más mandatos. Se alejan así las «puertas giratorias» y se extiende un tiempo prudencial la remuneración económica a quien dirigió la región. El único que podrá beneficiarse de esta ventaja es Ignacio González, que cesó en su cargo al ser investida Cristina Cifuentes, el 24 de junio de 2015. Es decir, González podría percibir una asignación mensual del 90% de su antiguo slario hasta finales de junio de 2017.

El cobro de ese salario «extra» estará condicionado a que no tengan otro trabajo. Además, según se recoge en el borrador del futuro Estatuto, se les aplicará la ley de incompatibilidades para altos cargos de la Comunidad . Si cobran esa retribución se publicará en el Portal de Transparencia. Precisamente, Podemos se negó hace ahora un año a refrendar el acuerdo por exigir además que se hiciera pública la agenda diaria de los expresidentes mientras cobren del erario público madrileño. Una posición de máximos que el resto de grupos no comparte, pero que frustró el acuerdo final en la Asamblea. Los socialistas, que creen necesario «ordenar» el reconocimiento debido a los expresidentes, condicionaron su voto a que Podemos accediera. Ahora, PP y C’s han reactivado la negociación para aprobar el Estatuto «antes de final de año» , según fuentes parlamentarias.

Aparte de la cobertura económica temporal, los expresidentes no obtendrían mucho recursos más. Ni coche, ni despacho ni personal adjunto, como así se establece en otras Comunidades Autónomas como Cataluña o el País Vasco.

Básicamente, se les otorgará el tratamiento vitalicio de Presidente de la Comunidad de Madrid (ahora son expresidentes) con su decreto de preferencias protocolarias: figurarán entre las máximas personalidades de la región, estén o no en activo. El borrador incluye que «se les reconocerá la consideración, atención y apoyo institucional debidos», aunque se especifica que «en ningún caso pueda suponer la asignación de medios materiales o pesonales de manera permanente». Es decir, que si uno de los mandatarios fuera a viajar o a realizar algún tipo de actividad relacionada con esa condición de expresidente regional, se le brindaría ayuda, si fuera necesaria.

El Gobierno de Cristina Cifuentes no renuncia al acuerdo con la izquierda de la Cámara, pero seguirá adelante solo con el apoyo de Ciudadanos si el consenso total no es posible. «Lo ideal es aprobarlo entre todos, porque a todos interesa y porque no podemos dejar en el limbo a los expresidentes. Madrid es una de las pocas Comunidades Autónomas que no ha regulado su situación y merecen un reconocimiento por haber ostentado la mayor responsabilidad institucional de la región», recuerda un portavoz del Ejecutivo regional.

El texto del futuro Estatuto recoge que los exmandatarios podrán ser requeridos para funciones consultivas por el Consejo de Gobierno regional.

El nuevo borrador que circula ya en la Asamblea, al que tuvo acceso este diario, introduce una cuestión que ha sido polémica en el último año: la seguridad personal de los expresidentes. El Ejecutivo de Cifuentes quiere dejarlo por escrito de la siguiente manera: «Podrán recibir los servicios de seguridad que las autoridades del Ministerio del Interior estimen necesario» . Se zanja así un asunto sensible que ha propiciado varios titulares de prensa al trascender que Ignacio González tuvo asignados para vigilancia permanente de su casa de Aravaca y la suya personal once policías nacionales que el Gobierno regional costeó hasta el pasado noviembre. En fechas similares, el Ejecutivo de Cifuentes ordenó retirar también la protección de la Guardia Civil de la vivienda de Esperanza Aguirre. El Estatuto aclara por escrito que cualquier orden de seguridad corresponde al Ministerio, no a la Comunidad.

El documento se resume en apenas cuatro puntos y una disposición adicional que deroga normas de igual o inferior rango a la futura Ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. El Gobierno regional dictará el desarrollo de la futura norma.