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La empresa de Flores se querella contra el concejal y el coordinador de Seguridad de Carmena

La gestora de la antigua discoteca Macumba responde así a las inspecciones de la Policía Municipal

El edil de Seguridad, Javier Barbero MAYA BALANYÁ
Carlos Hidalgo

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La empresa para la que trabaja el condenado por las cinco muertes del Madrid Arena , Miguel Ángel Flores , ha pasado al ataque contra el Ayuntamiento de Madrid, que dirige ahora Manuela Carmena . La gestora del espacio que ocupaba antes la discoteca Macumba en la estación de Chamartín (y de la que entonces era propietario el controvertido promotor) ha interpuesto una querella contra los dos principales responsables del Área de Seguridad y Emergencias: el concejal, Javier Barbero , y el coordinador general, Daniel Vázquez .

Como telón de fondo están las preceptivas inspecciones de la Policía Municipal al reconvertido recinto de ocio y eventos, bautizado ahora MEEU. Como ya adelantó ABC el pasado 18 de enero, los agentes del servicio SIES, que dependen directamente de la Jefatura del Cuerpo local, realizaron una visita a instancias del propio Ayuntamento una madrugada de sábado a domingo de ese mes.

En acta databa la inspección a las 1.30 horas. Los funcionarios públicos determinaron que «la actividad –de la fiesta Matrix, que era el evento que se estaba desarrollando–, era contradictoria con la licencia que tiene el local, que es de restaurante espectáculo». Así lo especificaba el documento, a cuyo contenido tuvo acceso este diario. Una de las cosas que quedaron probadas fueron, por ejemplo, que las cocinas no tenían uso; que no había personas cenando en las mesas y que había numerosos jóvenes en una pista de baile . No había, eso sí, exceso de aforo ni problemas de seguridad.

El resumen de la inspección es que aquello funcionaba como una discoteca, un extremo prohibido tanto por el permiso municipal con el que cuenta el recinto como el contrato que suscribió el Grupo Alonso, a través de la mercantil Eurotransac, cuando alquiló los locales al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de quien depende todo el complejo de la estación de Chamartín y sus locales.

No ha sido esa la única inspección girada por la Policía Municipal. Es más, cuando se supo que MEEU comenzaría a funcionar, el propio concejal Barbero anunció que se extremarían todas las precauciones cabidas en las normativas municipales para que el espacio no se saliera ni un ápice de aquello que podría celebrar.

En ello, el edil cumplió su palabra y sus agentes han estado vigilantes de que nada se saliera de la norma. Por ello, en el Área que dirige se encuentran tranquilos con respecto a esta querella. Fue ayer mismo cuando tanto Barbero como Vázquez recibieron la notificación del juzgado de Instrucción número 3 de Madrid para que acudan la semana próxima a su sede, en la plaza de Castilla. El requerimiento es «a fin de notificarles la resolución judicial». La parte querellante es Eurotransac S. L.

Los demandados explicaron que incluso hasta ayer mismo desconocían la existencia de la denuncia. Ahora se abren dos posibilidades:por un lado, que el juzgado haya decidido admitir la querella y que lo que les comunique sea su condición de investigados (tanto Barbero como Vázquez deben ir en persona a la recoger la documentación), dándoles traslado de la denuncia de Eurotransac para que puedan ir preparando su defensa; o que el magistrado haya decidido archivarla, algo que se hace raro si han sido citados.

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