Los ediles díscolos vuelven a postularse como alternativa a Vox para los presupuestos de Madrid

«Nos planteamos como cordón sanitario a la extrema derecha», ha asegurado este lunes el edil —ahora del grupo mixto Recupera Madrid — José Manuel Calvo, tres días después de que Martínez-Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís salieran de una Junta de Gobierno extraordinaria para presentar las ordenanzas fiscales de 2022 . La tercera bajada de impuestos en lo que va de mandato, que contempla reducir tres centésimas el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), hasta el 0,428%, y ahorrar a los madrileños un total de 65 millones de euros, necesita al menos cuatro votos más para salir adelante en el Pleno municipal. Las cuatro papeletas que tienen Vox y Recupera Madrid, respectivamente.

El lema del grupo mixto es hacer «política útil». «Somos capaces de hacer que Almeida rectifique, lo hemos demostrado con la ordenanza de Movilidad y ahora con estos presupuestos vamos a intentar lo mismo, que deje de mirar a Vox y sea capaz de incluir propuestas», ha señalado Marta Higueras. En lugar de líneas rojas, Recupera Madrid pretende trasladar «prioridades» a la mesa de negociación. Entre ellas, reequilibrar el IBI y excluir de la rebaja fiscal a las rentas más altas, agilizar las licencias urbanísticas, entrar en el terreno de la vivienda y del ingreso mínimo vital , para que el Ayuntamiento se involucre en su tramitación, fomentar las ayudas sociales y apoyar al transporte público, que a diferencia del vehículo privado sigue sin recuperar los niveles prepandemia.

Uno de los temas, la vivienda, se elevará este martes al Pleno, para recordar al Gobierno los puntos pendientes de los Acuerdos de la Villa . «No está creado el observatorio de la vivienda, no están creados los informes de análisis del mercado inmobiliario en Madrid, no se ha puesto en marcha la ayuda a las familias para pagar la hipoteca o el alquiler...», ha enumerado Calvo. Los ediles de Recupera Madrid también propondrán el blindaje constitucional de las pensiones, las polémicas cocinas fantasma y un «control mensual» a Martínez-Almeida para que «dé cuenta de su actividad institucional».