El dueño de la discoteca Moma también ha sido imputado por el juez

En una providencia, el magistrado motiva las nuevas imputaciones en los datos extraídos del análisis de las agendas y discos duros intervenidos a los imputados Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez, propietarios de la sociedad AC 93. Estos empresarios actuaban como intermediarios entre los empleados públicos y los dueños de los establecimientos para el pago de las cantidades exigidas a cambio de acelerar o retrasar expedientes de licencias.

Entre la segunda y tercera semana de diciembre, el juez escuchará a los empresarios y volverá a tomar declaración a los presuntos cabecillas de la red corrupta: Victoriano Ceballos, el antiguo jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, y Joaquín Fernández de Castro, que era el responsable del Departamento de Evaluación Ambiental.

Fernández de Castro declarará el próximo 10 de diciembre por su participación en el expediente de licencia de la discoteca Moma, en la calle José Abascal número 56. Sobre el mismo asunto, el juez cita para el 15 de diciembre a Ceballos y al dueño de este local, Luis Miguel Ramasco Tejerina. El Ayuntamiento de Madrid cerró el pasado viernes este local por carecer de licencia de funcionamiento.

En este apartado, el magistrado requiere al director general de Calidad, Control y Evaluación Ambiental del Area de Medio Ambiente, Manuel Tuero Secades, que presente "el documento sobre distribución de trabajo en el Departamento de Medio Ambiente" que le entregó Fernández de Castro.

El próximo 10 de diciembre también comparecerán como imputados el dueño de Pizza Mascaldonne, de un restaurante asiático, de uno de comida india, de una joyería, de Ofiprix, de un local de la calle Duque de Alba y de un restaurante de Hermosilla. El día 15, acudirá al Juzgado el propietario de un bazar, del restaurante Inmomal, de un estudio de tatuajes, de una cervecería, del Pub Rogelios, del local La Hacienda Argentina y de un establecimiento de la cadena Ahorra Mas, entre otros. El día 16, desfilará ante el juez el propietario de la clínica Ruber Internacional de la calle Juan Bravo y su director financiero.

El magistrado investigó a los directivos tras conocer, a raíz de una escucha telefónica, que los imputados Fernando Ruiz Torrejón y Santiago Castillo acordaron embolsarse 30. 000 euros por la licencia de una reforma en la clínica. También declararán ese día los dueños de varios locales, situados en Concha Espina, Orense y Pintor Juan Gris. Un día después, comparecerán como imputados dos cargos de la compañía Ocaso y como testigo un funcionario de la Gerencia de Urbanismo. El juez mantiene ya como imputados a otros directivos por un delito de cohecho. Son Carlos Ruiz,Javier Zumalacárregui, Ramón Boticario de Zulueta y Máximo Agustín Cabanas. A la compañía se la investiga debido a que adjudicó el proyecto del cambio de uso del edificio de su oficina central a AC93, investigada por el juez.

También declararán el próximo 16 los dueños de varios locales, situados en la calle Concha Espina, Orense y Pintor Juan Gris. Ese día, el instructor interrogará además al responsable de la cervecería Cervantes, en laplaza de Jesús.

La imputación del dueño de esta cervecería se debe a la comisión de delitos urbanísticos por producción de alteraciones y obras sin licencia en edificios protegidos ubicados en la calle Santa Lucía, Flor Baja y Piamonte. En este apartado, el juez amplía las imputaciones a otros empresarios por su relación con el anterior local.

En la providencia, el juez libra oficio al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al objeto de proporcionar al Equipo de Madrid de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil "los nombres y puestos de trabajo que ocupan los funcionarios municipales que redactaron los listados facilitados por el Ayuntamiento en relación con los proyectos de obras realizados por Antonio Sanz Escribano, Jesús Vicente García Martín, Antonio Vicente Tejerina y la Sociedad General de Autores de España".