El dueño de las Damas Apostólicas exigirá 40 millones al Ayuntamiento si blinda todo el jardín

La definición de este área del noreste de la parcela, excluida de la declaración de Bien de Interés Patrimonial (BIP) para a los edificios anteriores a 1936 y los jardines históricos, es el último episodio en la historia reciente de este complejo de 25.000 metros cuadrados, original de 1929 y en el centro de la polémica desde que fue parcialmente demolido en junio del año pasado, en el inicio de la construcción de una residencia de estudiantes. Entonces, tras la movilización de los vecinos, el Gobierno regional paralizó las obras.

Como informó ABC, si la propiedad inició la reforma fue porque el inmueble no estaba incluido en el catálogo municipal de edificios protegidos y porque el procedimiento fue legal; contaba con una declaración responsable tramitada en la Agencia de Actividades del Ayuntamiento. El problema remitía a que la Dirección General de Patrimonio regional blindó todos los conventos anteriores a 1936, como es el caso. Sin embargo, hubo zonas que no entraron por irrelevantes –como reconocen en este área– y que ahora, tras ser debatidas en el Pleno de Chamartín, abren un nuevo conflicto.

La Junta municipal, presidida por Mauricio Valiente, ha mostrado su predisposición a reforzar la protección tras una moción del PSOE, al hilo de la reclamación de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Chamartín de la Rosa. Alegan que, «por mantener especies vegetales y otros elementos de singular relevancia», debe ser declarado como Parque Histórico y Jardín de Interés con Nivel 1. La propiedad, en cambio, niega esta consideración con una posición avalada por el experto en jardines y catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería de Montes, Antonio Prieto . «La vegetación no tiene valor histórico, ni artístico, ni cultural; además es imposible determinarlo desde una ventana, como se ha hecho», detalla Prieto a ABC.

Más allá de la impugnación sobre la declaración como BIP, el propietario asegura que esta «sobreprotección» es susceptible de una indemnización cifrada en 40 millones de euros, habida cuenta de que se restringe la edificabilidad y, por tanto, existe una «disminución del aprovechamiento» porque en el momento de la compra no contaban con ello. Este extremo, explican desde su asesoría jurídica, se sustenta en dos sentencias del Tribunal Supremo, ambas de junio de 2017.

En este escenario, Global Alchiba mantendría la titularidad y, aunque con la obligación de mantenerlo, sería de uso privado. Para revertir esta situación y que el jardín fuese público, la Administración debería expropiar el convento , un proceso tan largo como costoso: 80 millones de euros , según los cálculos de la misma asesoría. Fuentes municipales matizaron que, pese a lo manifestado en el distrito, no se ha tomado una decisión.