Detenido el edil okupa de Arganda por usar una ambulancia de Protección Civil sin tener titulación

Ruiz Martínez lleva tiempo en el ojo del huracán. Después de que la Guardia Civil abriera una investigación contra él por participar en una «okupación» siendo ya edil, hace unas semanas fue objeto de una denuncia por instrusismo laboral .

Según informó este periódico, el que fuera miembro de la marca municipal de Podemos en la localidad (apenas estuvo ocho meses en ese partido, pero no dudó en quedarse con el acta de concejal) era investigado por el Equipo de Policía Judicial de su localidad después de que el pasado 24 de octubre fuera denunciado. La persona que se presentó en el puesto de la Guardia Civil es un voluntario de la Cruz Roja argandeña. Detalló que Ruiz Martínez, de 45 años, lleva tiempo ejerciendo ciertas competencias en Protección Civil sin estar habilitado.

Concretamente, en el atestado se hablaba de que «forma parte de la dotación de la ambulancia» del Ayuntamiento, sin tener la titulación requerida. Es más, el denunciante aseguró que el edil no adscrito había llegado a asistir en múltiples ocasiones a personas heridas sin esa formación, que, además, es obligatoria. El Código Penal establece condenas de hasta 24 meses de multa por este tipo de prácticas, en caso de que quede constatado que el político es culpable.

Fuentes de la investigación recuerdan a ABC que existen otras diligencias abiertas contra José Ruiz Martínez por la comisión de delitos de usurpación de pisos , lo que comúnmente se conoce por «okupación».

Se refiere la Guardia Civil a los hechos dados a conocer por este periódico en mayo de 2016, en los que se le identificó como uno de los impulsores de la toma de un bloque entero de 16 viviendas en Arganda. El concejal tomó, presuntamente, parte en la usurpación, aunque no se quedó allí a vivir. Ocurrió el domingo 8 de mayo del año pasado por la mañana. Alrededor de 30 personas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), entre ellas el díscolo concejal (mantuvo serias diferencias con el portavoz municipal del que fuera su partido), se concentraron en la calle de Londres.

La Guardia Civil recibió entonces varias llamadas de vecinos de la zona, que afirmaban que los manifestantes estaban provocando destrozos . Además, entró un aviso de la empresa de seguridad privada contratada en la finca, puesto que habían saltado las alarmas del inmueble.

Varias patrullas del Instituto Armado se trasladaron a la zona. Comprobaron que, efectivamente, personas de la PAH impedían por la fuerza el acceso a los vigilantes. Y por eso pidieron apoyo a los agentes. Los okupas adujeron en ese momento que el edificio era propiedad de la Sareb , el conocido como «banco malo», y que pretendían ceder las viviendas a familias sin recursos que tenían problemas para hallar un alojamiento.