Denuncian al «concejal okupa» de Arganda por intrusismo laboral

Según ha podido saber ABC, el que fuera miembro de la marca municipal de Podemos en la localidad (apenas estuvo ocho meses con ese partido, pero no dudó en quedarse con el acta de concejal) está siendo investigado por el Equipo de Policía Judicial de su localidad después de que el pasado 24 de octubre fuera denunciado. La persona que se presentó en el puesto de la Guardia Civil es un voluntario de la Cruz Roja argandeña. Dijo que Ruiz Martínez, de 45 años, ejerce ciertas competencias en Protección Civil sin estar habilitado.

Concretamente, en el atestado se habla de que «forma parte de la dotación de la ambulancia» del Ayuntamiento, sin que tenga la titulación requerida. Es más, el denunciante asegura que el edil no adscrito ha llegado a asistir en múltiples ocasiones a personas heridas sin esa formación, que, además, es obligatoria. El Código Penal establece condenas de hasta 24 meses de multa por este tipo de prácticas , en caso de que quede constatado que el político es culpable.

Fuentes de la investigación recuerdan a ABC que existen unas diligencias abiertas contra José Ruiz Martínez por la comisión de delitos de usurpación de viviendas, lo que comúnmente se conoce por «okupación».

Se refiere la Guardia Civil a los hechos dados a conocer por este periódico en mayo de 2016 , en los que se le indentificó como uno de los impulsores de la toma de un bloque entero de 16 viviendas en Arganda. El concejal tomó, presuntamente, parte en la usurpación, aunque no se quedó allí a vivir. Ocurrió el domingo 8 de mayo del año pasado por la mañana . Alrededor de 30 personas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), entre ellas el díscolo concejal (mantuvo serias diferencias con el portavoz muncipal del que fuera su partido), se concentraron en la calle de Londres.

La Guardia Civil recibió entonces varias llamadas de vecinos de la zona, que afirmaban que los manifestantes estaban provocando destrozos . Además, entró un aviso de la empresa de seguridad privada contratada en la finca, puesto que habían saltado las alarmas del inmueble.

Varias patrullas del Instituto Armado se trasladaron a la zona. Comprobaron que, efectivamente, personas de la PAH impedían por la fuerza el acceso a los vigilantes . Y por eso pidieron apoyo a los agentes.

Los okupas adujeron en ese momento que el edificio era propiedad de la Sareb, el conocido como «banco malo». Y que pretendían ceder las viviendas a familias sin recursos.