Denuncian en Anticorrupción al alcalde de Rivas por «prevaricación y desviación de poder»
152 familias lo acusan de no conceder una licencia de obra para presionar al Gobierno de Díaz Ayuso
Rivas-Vaciamadrid, el 'paraíso' comunista que no quiere crecer
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Iniciar sesiónLa Asociación pro-derechos del ciudadano y contra la corrupción, Habeas Corpus , ha presentado ante la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada una denuncia por «prevaricación y desviación de poder» contra el alcalde de Rivas Vaciamadrid , Pedro del ... Cura Sánchez, de Izquierda Unida, y contra la concejala de Urbanismo, Pilar Gabina Alonso, del PSOE. Esta denuncia la hacen extensiva a «las personas que resulten de la instrucción» de la misma, tras los hechos que le ha trasladado la cooperativa de viviendas Atalaya del Sur.
La denuncia , a la que ha tenido acceso ABC, se hace «eco de diversas denuncias recibidas», que consiste «en retener y suspender el otorgamiento de una licencia de obras para la construcción de 152 viviendas, por el solo hecho de forzar a la Comunidad de Madrid a ejecutar determinados equipamientos y obras». Esta situación puede suponer que los integrantes de la cooperativa, 152 familias, tengan que pagar entre dos y tres millones de euros más por el solar y que la gestora pierda en torno al millón de euros.
Los hechos se remontan al 12 de febrero de 2021, cuando la cooperativa Atalaya del Sur, según el escrito presentado ante la Fiscalía, solicita una licencia de obra para edificar en un solar sobre el que ya se había firmado una opción de compra. Antes de iniciar el expediente administrativo, consultaron a los servicios técnicos municipales que respondieron afirmativamente sobre «la idoneidad de uso y que urbanísticamente se trataba de un solar incluido dentro de un sector consolidado, en el cual ya se habían concedido licencia de obras y de primera ocupación».
«Enfrentamiento político»
Pocos meses después de solicitar la licencia, se desarrolla «una campaña de prensa echando en cara a la Comunidad de Madrid la existencia de una emergencia educativa en el municipio y que no se van a conceder más licencias hasta que la Comunidad de Madrid cumpla». El Ayuntamiento paraliza la licencia solicitada por esta cooperativa, «pero se han seguido otorgando hasta el 20 de julio de 2021, un día antes de la suspensión de licencias, pero no se ha concedido a otras solicitudes presentadas con plazo anterior a los tres meses, que la Ley del Suelo establece para que los ayuntamientos contesten y concedan dichas licencias».
Esta actuación, según se expone en la denuncia, «viene a ocultar la verdadera razón de la suspensión y evitar la desviación de poder, utilizando una norma que no viene al caso para ajustar cuentas con la Comunidad de Madrid , así, el alcalde relaciona el parón de licencias con la solución, por parte de la Comunidad, según dice, de falta de dotaciones en Rivas».
A juicio de la asociación que ha interpuesto la denuncia para que se investiguen los hechos, «no deja de ser una conducta arbitraria», la del alcalde por no conceder la licencia, «usar a los cooperativistas como ariete político contra la presidencia (de la Comunidad) por su enfrentamiento político». En este sentido, advierten de que «se está causando un daño enorme a la economía de esas familias, supuestamente con decisiones arbitrarias y no ajustadas a Derecho».
«Rivas, párate a pensar»
Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha reaccionado a la queja de la cooperativa anunciando que «estudia emprender acciones legales contra la gestora de la cooperativa de viviendas Atalaya del Sur , por coacciones, amenazas y acoso al gobierno municipal así como al personal técnico de la concejalía de Urbanismo tras la paralización de licencias decidida por el Pleno en el marco del proceso ' Rivas, párate a pensar' emprendido el año pasado ». El grupo inmobiliario EM promovió esta cooperativa para comprar un suelo, según el Ayuntamiento, sin contar «con licencia para construir», sin tener la propiedad y, «según ha publicado Diario de Rivas, ha captado cooperativistas, que han aportado hasta 40.000 euros» porque «el proyecto ya tenía el visto bueno de los técnicos». El expediente no estaba finalizado, advierten.
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