Errejón forzó a simpatizantes a hacer donaciones para financiar su partido

Quienes vivieron desde dentro la precipitada campaña electoral en la que Errejón lanzó su candidatura al Congreso de los Diputados sostienen que los mandatarios de la formación cometieron dos errores graves. Actuaciones que han puesto en conocimiento de la Justicia para que dilucide si fueron o no ilegales. Por un lado, denuncian que los dirigentes de Más Madrid realizaron una «asamblea ficticia» y elevaron ante notario las actas para la creación de la marca Más País. Y por otro, que forzaron a los simpatizantes de la plataforma de Carmena a pagar a través de donaciones los gastos del partido recién fundado del que los denunciantes no quisieron formar parte.

Errejón autorizó el gasto de 550.000 euros para la campaña electoral del 10-N. Unos comicios que acabaron con un más que escueto resultado: solo obtuvieron dos diputados por Madrid. El tercero fue por la Comunidad Valenciana, por la cuota de Compromís. A partir de ese momento comenzó la cuenta atrás para devolver los microcréditos y todos los gastos corrientes de la formación, pero la subvención estatal no cubría las expectativas planteadas ni de lejos.

Según las fuentes de Más Madrid consultadas por este diario, el resto de candidaturas -como Galicia, Cataluña o Andalucía- se escudaron en la falta de representación para evitar resarcir parte de la deuda generada. Es por eso que la facción madrileña asumió todo el monto y activó la llamada «carta financiera» para donar parte de sus sueldos públicos.

Las diferencias entre el sector de Rita Maestre y el de Marta Higueras -la que fue mano derecha de Manuela Carmena - se comenzaron a externalizar entonces. Higueras se negó a que los vocales vecinos y los asesores realizasen esos pagos y propuso que la deuda la asumieran los cargos electos, los únicos que están autorizados, según consta en la ley de financiación de partidos. Para el resto de supuestos reclamó que el pago fuera voluntario y se destinase solo al gasto derivado del trabajo municipal en los distritos o, si lo preferían, lo donasen a una ONG.

Es en este matiz donde está el quid de la cuestión. La exalcaldesa y Errejón concurrieron a los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2019 con un partido instrumental, una plataforma que carecía de estructura de formación política al uso. Pero una vez que Carmena abandonó la política, el sector mayoritario -liderado por Rita Maestre- comenzó a construir esas bases. Al contar con más de dos tercios de los apoyos dentro del grupo municipal, Maestre logró derrocar a Marta Higueras -mano derecha de la exjuez- de la portavocía del grupo municipal. A quienes rechazaron integrarse en esta nueva formación -que replicó la misma denominación que la original, Más Madrid-, también les solicitaron estas donacionaciones «obligatorias».

En el escrito que presentan hoy ante al Tribunal de Cuentas, los ediles carmenistas arguyen que el Código Civil define en el artículo 168 la donación como «un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que lo acepta». «Es evidente que la carta financiera no constituye un acto de liberalidad dado que sí se está obligado a ello y al ser de carácter obligado deja de considerarse donación», sostienen.

Además, argumentan, que el hecho de que no sea un importe voluntario, sino tasado ( 13% de la remuneración percibida) y que no sea un acto puntual, sino de periodicidad mensual, apunta más bien a la figura de cuota en vez de donación. La ley de financiación de partidos fue modificada en 2015 y endureció su artículo 2, en el que indica que «las cuotas y aportaciones» solo pueden realizarlas los afiliados. Únicamente hay una excepción a la regla, que está en la disposición adicional decimoquinta: «Las aportaciones efectuadas a partidos políticos por personas no afiliadas que tengan la condición de electos, de altos cargos de todas las administraciones públicas, se consideran a todos los efectos cuando así lo manifiesten los aportantes».

Por tanto, solo afecta a electos, es decir, diputados y concejales o altos cargos, pero a priori no estarían bajo esta denominación los asesores o vecinos simpatizantes no afiliados. El dinero cobrado, asimismo, no fue recibido por el grupo municipal, sino por el partido Más Madrid, cuya cuenta corriente estaba a nombre de Más País.

«En la campaña electoral del 26-M ya hubo una fisura enorme. Nosotros no queríamos participar en un partido clásico, un Izquierda Unida 2.0., Manuela siempre fue muy crítica con eso, porque se vuelven sectas», relata a ABC uno de los nueve vocales vecinos que fue cesado por rechazar el pago de la donación contemplada en la carta financiera. «Pasaban el rodillo, por eso decidimos quedarnos fuera», añade.

«En el mes de mayo -de 2020- se acordó una carta financiera con una aportación del 10%. No entiendo quién y cuándo ha decidido elevar al 13% la aportación sin consulta previa ni consenso», expresó por escrito después de que le reclamasen por carta su cuota. La situación de desempleo era un eximente para aportar esta suscripción, sin embargo, en su caso se efectuó la destitución igualmente. Es por ello que acudió ante los tribunales de lo contencioso administrativo y la Justicia obligó a restuirle en su puesto.

«El motivo real del cese parece ser el incumplimiento de la obligación del pago de la carta financiera, que incorpora una ilegal donación obligatoria para la financiación de un partido al que ninguno de los actores está afiliado», indica el fallo. Él solo fue uno de los nueve vocales vecinos -que cobran entre 400 y 900 euros según si son portavoces en los distritos o vocales rasos- a los que la Justicia dio la razón.

Preguntados por esta cuestión, fuentes de Más Madrid subrayan a ABC que «es un partido que se financia a través de donaciones que hacen los simpatizantes, cargos públicos y sus trabajadores. Es un compromiso que se adquiere como cargo público». «Estamos muy orgullosos de ello y de nuestra independencia», inciden. «Las cuentas del grupo municipal se remiten todos los años a Intervención General del Ayuntamiento de Madrid y se publican en la web municipal. El Tribunal de Cuentas audita todos los años la contabilidad de Más Madrid. Estamos al día con el Tribunal de Cuentas», sostienen.

Para los denunciados «todo es una mentira tras otra»: «Lo que es una verdad contundente, y así lo ha reconocido la Justicia, es que Almeida creó un grupo mixto ilegal y esto solo forma parte de esa estrategia de intentar desviar la atención y generar ruido. El único partido que se ha financiado irregularmente en Madrid, y ha sido condenado por ello, es el Partido Popular», lanzan sobre la formación de José Luis Martínez-Almeida.

Todos los cargos públicos de Más Madrid a nivel regional y local han atribuido esta denuncia a una maniobra de «tres tránsfugas compinchados» con el alcalde de Madrid. Han enmarcado todas las denuncias en «bulos». En esta batalla de acusaciones cruzadas entre quienes un día compartieron gobierno tendrá la última palabra, una vez más, la Justicia. Todo ello a menos de un año de las elecciones.