El Defensor del Pueblo admite una denuncia contra el Comisionado de Memoria Histórica

El órgano, según un escrito al que ha tenido acceso ABC, considera que la queja de la asociación del fundador de la Legión se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución Española. «Iniciada la actuación del Ayuntamiento de Madrid, por falta de respuestas a las solicitudes formuladas, se ha solicitado que remita información sobre la tramitación de las mismas, sin entrar a valorar el fondo del asunto», dice el documento.

Como ha informado este diario, el Comisionado de la Memoria Histórica propuso el pasado 17 de marzo un total de 47 calles y plazas a renombrar por sus supuestas referencias franquistas. Entre estas destaca la calle del General Millán Astray, en el distrito de Latina, que en principio será rebautizada como calle de la Maestra Justa Freire . La plataforma Millán Astray no solo considera que las sugerencias del Comisionado no se ajusta al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, sino que alega defectos de forma en el procedimiento.

Desde la entidad sostienen que han solicitado toda la información sobre el proceso desde hace «meses», pero no han obtenido respuesta. Según consta en el escrito remitido por la asociación a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril , han pedido las actas, órdenes del día, votaciones en el Pleno, informes, convocatorias y otra documentación relativa al trabajo del grupo de expertos desde su constitución, hace ahora un año.

«Hay una gran discriminación hacia los colectivos que defendemos algunas calles, pues a las asociaciones de la Memoria Histórica se les ha dado todo tipo de facilidades y reuniones con la alcaldesa; nosotros hemos solicitado reunirnos con el secretario del Comisionado y no se accede a esta petición», dicen desde la Plataforma de Millán Astray.

La denuncia de la asociación, que también remite al cambio de nombres abordado en Cartagena, ya fue advertida tras la lista de 47 calles . Entonces aseguró que «agotaría todas las vías legales» para mantener la nomenclatura del militar. A su juicio, la retirada de esta nomenclatura «carece de base legal» porque fue puesta en 1924, por lo que queda f uera del ámbito de la ley , que se refiera a la «exaltación, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la Dictadura».