La Comunidad de Madrid defenderá a los funcionarios que delaten a los corruptos
Aguado anuncia el inicio de los trámites para crear esta figura, que protegerá la confidencialidad de quien denuncie e investigará los ilícitos
Hay que «mojarse y pasar de las palabras a los hechos» en la lucha por la regeneración democrática, argumentó el martes el vicepresidente regional Ignacio Aguado , tras anunciar el inicio del trámite para poner en marcha la ley del Defensor del Denunciante de Corrupción Política de la Comunidad de Madrid . El anteproyecto de este texto legal -que en esencia presentó ya Ciudadanos como propuesta en la pasada legislatura en la Asamblea- pasará a consulta pública y más tarde será aprobado por el consejo de Gobierno y remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación.
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Aguado recordó que en los sesenta días que ayer se cumplían de Gobierno bicolor en Madrid , ya ha puesto en marcha tres medidas regeneradoras: esta de ayer, la tramitación de la reforma estatutaria para el fin de los aforamientos de diputados, y la relativa al nombramiento de jueces por la Asamblea.
Consulta pública
En lo que se refiere al Defensor del Denunciante, Aguado recordó que «en los países de la OCDE, y también en comunidades autónomas como Castilla y León, Aragón o Asturias, existe una figura así, que ofrece garantías dentro de la Administración para aquellos funcionarios que den cuenta de una situación presuntamente irregular».
La memoria del anteproyecto de Ley de Defensor de los Denunciantes recoge cómo un informe de 3 de febrero de 2014 de la Unión Europea ponía el acento en la necesidad de «adoptar mecanismos de denuncia adecuados» que abran canales oficiales para comunicar lo que se consideren irregularidades.
En la actualidad, recuerda la Memoria, la Comunidad de Madrid no cuenta con una norma de rango legal que de protección jurídica a los empleados públicos que denuncien casos de corrupción. Por eso se propone establecer «el marco de protección integral» a través de esta figura del Defensor de los Denunciantes de Corrupción.
Sería, explicó Aguado, «un organismo independiente y autónomo», que tendría la tutela de los derechos de las personas que pongan en conocimiento de la autoridad casos que puedan ser considerados corrupción política.
Comprobación
También estarán entre las funciones de este Defensor todo lo relacionado con la «detección, comprobación e investigación de las denuncias efectuadas» en este ámbito.
La Memoria plantea además la necesidad de establecer «un régimen sancionador para aquellas personas que no colaboren en la investigación de las denuncias planteadas, o bien vulneren el principio de confidencialidad de los denunciantes o se vulnere cualquier disposición de la Ley que se pretende aprobar».
Será un independiente, elegido por mayoría cualificada de diputados
La tramitación de esta Ley del Defensor del Denunciante va a ser larga, reconoce el vicepresidente, aunque confía en que «se pueda poner en marcha cuanto antes».
Destacó la importancia de que el Defensor sea independiente, lo que se garantiza porque tendrá que ser elegido por una mayoría cualificada de diputados de la Asamblea, lo que requiere de un amplio consenso entre partidos. También hizo hincapié en la confidencdialidad del empleado, para evitarle «el miedo a represalias».
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