La decana del COAM avisa: «La declaración responsable no se puede aplicar de manera genérica»

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para solicitar información sobre este proyecto de sustitución de las licencias urbanísticas por una declaración responsable. Según Hermida, toda medida de la Administración que tenga que ver con la agilización de las licencias «es una buena noticia y demuestra asunción de responsabilidades», ya que los retrasos injustificados están en contra del interés público y repercuten negativamente en el trabajo de todos los agentes del sector inmobiliario y en el coste final de las viviendas pero puntualiza que «la declaración responsable que ya se aplica en algunos casos no se puede extender de manera genérica, tenemos que conocer el desarrollo concreto de la medida».

Aboga por procedimientos indiscutibles que garanticen la seguridad de los ciudadanos y eviten el intrusismo profesional. Respecto al anauncio realizado, insiste en que «suprimir genéricamente las licencias puede dar pie a una inseguridad jurídica, estamos en un terreno donde una declaración responsable no siempre sustituye la necesaria interpretación de la norma por parte de la Administración y eso trasladaría la responsabilidad pública al individuo, es decir, al arquitecto o al promotor».

Aunque señala que la figura ya existe en otros países, concluye que «para que funcione aquí habría que importar el sistema completo para no dar pie a irregularidades», y se pregunta: «¿Se van a inspeccionar el 100% de las obras en todas las fases correspondientes?».

Entiende la decana que se debe seguir requiriendo un proyecto firmado y visado por un técnico competente, por «un tema de seguridad, no se pueden restar garantías a los ciudadanos, ni fomentar el intrusismo».

Los arquitectos han elaborado nueve medidas para reducir los tiempos de concesión de licencias urbanísticas:

1. Delimitación y concreción del alcance y objeto de revisión en el trámite de concesión de las licencias, en los tres niveles administrativos citados.

2. Establecimiento de procedimientos que faciliten especificar e identificar la información necesaria en los proyectos técnicos objeto de revisión.

3. Integración de la información sobre los procesos de concesión de licencias, garantizando su transparencia y trazabilidad y permitiendo identificar los atrasos. .

4. Revisión de la normativa técnica, urbanística y ordenanzas municipales para simplificar su aplicación, evitar indeterminaciones jurídicas, duplicidades, superposiciones e incluso contradicciones que garanticen un procedimiento reglado.

5. Proceso unitario y simultáneo de todos los informes sectoriales.

6. Impulso a la digitalización efectiva en su nivel básico, garantizando los materiales y humanos para la gestión digital eficiente.

7. Colaboración de la Administración Pública con los Colegios Profesionales aprovechando las sinergias posibles con los procedimientos de visado existentes y su gestión telemática.

8. Canales de comunicación específicos para técnicos y responsables de la toma de decisiones que eviten dilaciones innecesarias.

9. Incremento de los supuestos de «silencio positivo», con la revisión necesaria del marco normativo para garantizar la seguridad jurídica en los supuestos en los que se produzcan.