Daniel Ortiz: «Me voy, pero soy inocente»

Ortiz se convertía así en la primera baja por corrupción política en el PP de Cifuentes, que hizo valer la nueva máxima del partido:una imputación, una dimisión. Renunció a sus cargos de diputado regional y concejal . También dejará su responsabilidad orgánica como presidente del PP de Móstoles, donde fue alcalde entre 2012 y 2015.

Ortiz, que reiteró a Cifuentes su «inocencia», se va en aplicación del código ético firmado por los miembros de la candidatura electoral de Cifuentes, que se comprometieron a renunciar si eran investigados formalmente por delitos de corrupción.

Él y su partido se habían aferrado a los trámites formales de la Justicia para dilatar su salida después de que en abril el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco firmara contra él un contundente escrito acusándole de «participar activamente» en la trama Púnica . En concreto, el magistrado concluyó que el entonces alcalde de Móstoles maniobró para adjudicar un contrato de 73 millones a la empresa Cofely , a cambio, presuntamente, de unas mordidas por valor de 746.000 euros . Pero e l PP insistía: «no se irá hasta que no haya una imputación».

La condición de aforado como miembro de la Asamblea de Madrid obligó a Velasco a inhibirse a favor del TSJM, que este miércoles aceptó ser el competente para investigar a Ortiz. Apenas 48 horas después, la magistrada instructora Susana Polo , miembro de la Sala de lo Civil y de lo Penal, cerró el círculo señalándole como investigado. Le cita a declarar el 19 de septiembre, aunque la renuncia de Ortiz a su acta –y por ende a su condición de aforado– traslada automáticamente la causa a la Audiencia Nacional.

En un escrito de 74 páginas, Eloy Velasco expuso los indicios recopilados contra el ya exdiputado del PP, al que acusa de haber influido en mayo de 2014 para que Cofely –una de las empresas principales de la Púnica– ganara el multimillonario contrato de servicios energéticos del Ayuntamiento. Le atribuye los delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones y cohecho.

El magistrado de la Púnica sospecha que Ortiz participó en todas las fases de la adjudicación, aunque no tenía «potestad», a través de dos intermediarios: los hermanos Mario y Alejandro Utrilla, exdiputado regional y exconcejal de Móstoles. El juez se basa, entre otras pruebas, en el testimonio de David Sánchez del Rey , un exedil de Móstoles al que Ortiz presionó, que comparecerá como testigo.

La de Ortiz es la segunda dimisión por vinculaciones con la corrupción en esta legislatura del «nuevo tiempo» político. La primera en marcharse fue la «número tres» de Ciudadanos, Eva Borox , por su estrecha relación con el cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza . El partido de Albert Rivera sucumbió a la presión mediática tras publicarse unas fotografías que evidenciaban su amistad, algo que Borox siempre negó. Básicamente se fue por mentir, ya que no está imputada.

Ciudadanos, socio preferente del Gobierno de Cifuentes, celebró ayer la dimisión de Ortiz, casi como un triunfo propio, recordando que su pacto de investidura «obliga» a la separación inmediata de cargos públicos de un imputado por corrupción. Su líder, Ignacio Aguado , afirmó que si ellos no «controlaran» al Ejecutivo «exigiendo tolerancia cero», su salida «no se habría producido».

El portavoz de Podemos, José Manuel López , censuró que la dimisión llega «un mes tarde». «Cifuentes y quien le apoya siempre llega mal y tarde en todo lo que se refiere a transparencia y regeneración», dijo. El portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Franco , reseñó que la corrupción en el PP de Madrid es «estructural» y no se soluciona «dimitiendo un diputado y entrando el siguiente». Le corresponde entrar en la Asamblea a María Delgado, siguiente en la lista de Cifuentes.