Damas Apostólicas: la propiedad pide cuantificar la indemnización

Consideran que se ha «otorgado una protección» a jardines y edificios «a todas luces desproporcionada » para «reducir a toda costa la edificabilidad de la parcela». Y piden que el Ayuntamiento de Madrid cuantifique la indemnización que deberían recibir por estas restricciones.

Las alegaciones las plantearon a mediados de agosto. En primer lugar, consideran desproporcionada la protección dada por el Ayuntamiento a los jardines y edificios de la finca y creen que tiene como único objetivo reducir la edificabilidad permitida. Afirman que existen otras «alternativas de catalogación» compatibles con la protección que requiere un Bien de Interés Patrimonial como es este convento, «menos restrictivas para nuestros derechos particulares como propietarios».

Protestan especialmente contra la catalogación de los jardines: aportan informes de expertos según los cuales, dicen, «no existen en la actualidad jardines de interés, ni hay trazas reales de su existencia en el pasado». Y añaden que «reconocidos expertos han establecido que el jardín no tiene un valor intrínseco como tal que le haga merecedor de protección», tal y como solicitan los vecinos. De hecho, insisten, «la mitad de la superficie de los jardines que se catalogan es zona de viales de acceso y circulación de la parcela ».

Según su proyecto, se verían afectados 200 árboles , «todos en la zona denominada no protegida», y gran parte de ellos «presentan pudriciones y enfermedades debidas a hongos». En todo caso, afirman que «se van a preservar las zonas verdes» y «cada árbol que se quite se trasplantará en la propia parcela o se reemplazará por otro árbol sano», según señala la Ley de Protección del Arbolado de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, incluyen entre las alegaciones que «el Ayuntamiento debe c uantificar la indemnización derivada de las restricciones que quiere imponer sobre la propiedad». Esta cuantificación, recuerdan, «es una exigencia legal, necesaria dentro del estudio económico financiero de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana».

La propiedad llama la atención sobre la repercusión que puede tener sobre el erario público lo que consideran limitación de sus derechos: «La Comunidad y la ciudadanía tienen que conocer las consecuencias económicas que se derivan de la pérdida de edificabilidad».

Según un informe de tasación encargado por la propiedad de la finca, Global Alchiba S.L., a la firma Ibertasa y realizado en marzo de este año, el justiprecio teórico de la parcela, «a efectos de una hipotética expropiación», se elevaría a 71.830.851,82 euros.

También señalan en las alegaciones que «se han impuesto limitaciones en cuanto a las alturas máximas y la longitud de las fachadas», que «pueden llevar a soluciones constructivas peores desde la perspectiva de protección». Además, añaden que a su juicio «algunas de estas limitaciones dan un trato especial a unos determinados vecinos».