Cristina Cifuentes será juzgada en mayo por el caso Máster

A su lado, siempre y cuando no haya cambios de fechas, estarán la que era profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cecilia Rosado y la exasesora de la consejería de Educación María Teresa Feito. Esta última, según la juez de Instrucción que cerró la investigación del caso en noviembre de 2018, Carmen Rodríguez Medel, fue la que supuestamente coaccionó a Rosado para falsificar el documento y se desplazó hasta el centro universitario, siguiendo órdenes de Cifuentes, para «ocultar los hechos». «Cabe indiciariamente concluir que el único motivo por el que doña Teresa Feito se encontraba en la URJC el día 21 de marzo de 2018, en plena vorágine de la crisis vivida con ocasión de la publicación de la noticia, era porque seguía instrucciones de doña Cristina Cifuentes para realizar los actos que fueran necesarios para facilitar una solución que no perjudicara sus intereses», concluyó la magistrada. Además, según Rosado, la enviada por Cifuentes le dijo: «O arregláis esto o Cristina os mata ».

Por su parte, el exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, donde Cifuentes realizó el posgrado de Derecho Autonómico en el curso 2012, otro de los acusados, falleció el pasado abril en medio del proceso judicial.

A Rosado se le piden 21 meses de prisión como autora de la falsificación del acta, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y la falsificación del documento y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta «a sabiendas» de que acreditaba una defensa del TFM «que jamás se produjo» y que exhibió en varios medios, redes sociales y hasta en la Asamblea de Madrid «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse ».

Rodríguez Medel cerró la investigación de este caso en noviembre de 2018 y abrió el procedimiento abreviado , el paso previo al juicio. La instructora consideró entonces que los hechos relativos eran susceptibles de tipificarse como falsedad documental y recordó que las dos docentes que figuran en el polémico acta del TFM (Alicia López de los Mozos y Clara Souto) aseguraron que no estamparon su firma en dicho documento, algo que quedó demostrado en el informe pericial de caligrafía. También recalcó que López de los Mozos no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes.

Por otro lado, determinó que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración en sede judicial «no resultaron creíbles» sobre si efectivamente hizo este trabajo, condición necesaria para obtener la titulación. «Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo , ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor Álvarez Conde o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo», expuso. Cifuentes alegó entonces que lo había perdido todo en una mudanza.

En esta línea, a la juez no le pareció verosímil que en 2012 se «obviaran» esas fórmulas de comunicación «tan ágil, sencilla, rápida y accesible» y «fuera todo manual». «No resultan convincentes las alegaciones» de Cifuentes, apostillaba la magistrada.

«En conclusión, hay indicios de que Cristina Cifuentes no defendió el trabajo de fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue recibida», apostilla Rodríguez Medel.

La expresidenta regional dimitió en abril de 2018 , un mes después de que estallase la polémica y al haberse publicado un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado. Esa fue la caída de la que un día estuvo llamada a ser sucesora de Mariano Rajoy.