Anticorrupción interroga al consejero de Sanidad de Madrid por el contrato de mascarillas de Ayuso

Según ha adelantado El Mundo y ha confirmado ABC en fuentes de la investigación, Ruiz Escudero fue llamado como testigo para explicar el pormenor de aquella adjudicación , que se firmó el 1 de abril de 2020 y destinaba 1,5 millones de euros a la compra de mascarillas por la vía de urgencia es decir, sin concurso ni publicidad.

Durante su exposición, el consejero repasó la normativa vigente y el contexto de emergencia por la primera ola de la pandemia en el que se enmarcaba aquella contratación, que se incardinó dentro de la Consejería de Sanidad y en concreto, en el Servicio Madrileño de Salud . Dadas sus características, no fue elevado al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para su aprobación, sino ya después, para la toma de conocimiento una vez se había adjudicado.

La Consejería de Sanidad ya remitió a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación relativa a aquella adjudicación cuando el pasado mes de febrero, los grupos de la izquierda en la Asamblea presentaron denuncias ante este organismo por posibles irregularidades, habida cuenta de que el hermano de la presidenta regional había percibido al menos 55.000 euros relacionados con aquella compra de mascarillas.

Con las denuncias y la información de la Consejería sobre la mesa, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón acordó abrir una investigación el pasado 22 de febrero y tal y como informó este diario, empezó a practicar diligencias ya al día siguiente, en aras a esclarecer si concurren indicios de tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a funcionarios en torno al modo en que Priviet Sportive consiguió la adjudicación y en el rol que jugó Tomás Díaz Ayuso.

El asunto se ha enmarañado porque la Fiscalía Europea, tras recibir una información de la oficina de prevención de blanqueo sobre ese mismo contrato, decidió abrir su propia investigación ante el hecho de que el millón y medio de euros empleado en las mascarillas procedía de fondos comunitarios. Sospecha de un posible fraude al presupuesto de la UE o de una malversación de sus caudales.

Esta fiscalía solicitó a Anticorrupción que le enviase sus propias pesquisas para analizar el asunto en su conjunto dado que entendía que todos los hechos estaban relacionados. La fiscal General del Estado, Dolores Delgado,   tras oír a la plana mayor de la carrera, decretó que la parte relativa a ese posible tráfico de influencias se quedase en España, de manera que son dos las investigaciones abiertas actualmente sobre este asunto y se desarrollan en paralelo.