La Comunidad y el Ayuntamiento se enfrentan por la apertura de ITV en Mercamadrid y Atocha

Las 15 estaciones que funcionan como concesión administrativa temen el «agravio comparativo» con las autorizadas, que podrán variar horarios y reducir precios

SARA MEDIALDEA/
Actualizado:

MADRID. El cambio legislativo que permite autorizar la apertura de establecimientos de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a la Comunidad de Madrid -hasta 2002 sólo funcionaban como concesiones- ha puesto sobre el tapete nuevas situaciones: la Comunidad dio permiso para abrir una ITV en Atocha, en pleno corazón de la capital, una iniciativa que el Gobierno municipal ha frenado por considerarla inapropiada.

A su vez, el Ayuntamiento propone autorizar la apertura de uno de estos centros de inspección de vehículos en la ampliación prevista en Mercamadrid, una idea que rechaza el ejecutivo autonómico por defecto formal: Mercamadrid no tiene las características precisas para solicitar una autorización.

Gestión directa y concesiones

La región cuenta, en la actualidad, con 17 servicios de inspección técnica de vehículos, de los que dos los gestiona la Comunidad y el resto son concesiones -los primeros de los cuales no terminan hasta el año 2008-. No obstante, las dos gestionadas por el Gobierno regional van a salir a subasta pública, para pasar a manos privadas, según decisión del Ejecutivo regional. Los responsables de la Consejería de Economía, que dirige Fernando Merry del Val, han llegado a un acuerdo con los trabajadores de estas dos estaciones para recolocar a los que lo deseen en diferentes puestos de la Administración regional.

En 2002, el Gobierno autonómico aprobó un real decreto por el que introduce el sistema de autorizaciones, en lugar de concesiones, para el funcionamiento de estos establecimientos. Su intención es mejorar el servicio, haciéndolo más competitivo. En ese nuevo escenario legal, una empresa -filial de la catalana Aguas de Barcelona- solicitó autorización para abrir una ITV en Atocha, lo cual fue autorizado por la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el Ayuntamiento madrileño no accedió a ello, al considerar las repercusiones -medioambientales y sobre el tráfico- que tendría una instalación de estas características abierta en el centro de la ciudad. Por una ITV pasan cada día en torno a los 400 vehículos.

Por su parte, el área municipal de Economía, cuyo responsable es Miguel Ángel Villanueva, planteó a la Comunidad la entrada en funcionamiento de una nueva ITV en la ampliación de Mercamadrid, una zona especialmente adecuada, según los responsables locales: «Van a diario muchos vehículos, a los que se les facilitaría cumplir con la obligación de ser inspeccionados; y no se molestaría a nadie, por la situación de la instalación».

Sin embargo, su propuesta no ha prosperado, según explican fuentes regionales, por un problema formal. La normativa estipula una doble vía para ejecutar este servicio de inspección: directa por parte de la Administración competente -la regional- o previa autorización si la pide una sociedad de economía mixta o un particular. En este caso, Mercamadrid no se encuentra en ninguna de las dos categorías, señalan, por lo que «no es viable conceder autorización con arreglo al régimen general contemplado por la normativa estatal».

Preocupación del sector

Desde la Asociación de entidades de la Comunidad para la inspección técnica de vehículos -la asociación regional de las ITV-, su presidente, Julio Tejedor, asiste con preocupación a la llegada de las autorizaciones: cree que mantener simultáneamente este sistema y el de las concesiones es un agravio comparativo para las segundas, y las sitúa en situación de competencia desleal: las autorizadas pueden variar los horarios y reducir los precios, mientras que las concesiones los tienen fijados por la autoridad autonómica.

De hecho, esta asociación se opuso incluso por vía legal a que el Gobierno regional autorizara la ITV de Atocha: interpuso un recurso de reposición contra la autorización de la Comunidad autónoma madrileña alegando que incumplía su propia normativa: el decreto 223/2003, que limita el otorgamiento de nuevas autorizaciones hasta que finalice la vigencia de las concesiones actuales -lo que ocurrirá entre 2008 y 2019-, y da opción prioritaria a las empresas concesionarias a la hora de construir nuevas estaciones.

Zonas con menos negocio

Advierte Tejedor de un peligro: las ITV en concesión se repartieron por lotes, de manera que a una misma empresa le correspondían algunas ITV en lugares muy concurridos, y otras en puntos de la región menos visitados. Se trataba de primar el servicio al ciudadano, recuerda.

Pero si el régimen que se sigue es el de la autorización, «¿qué empresa querrá explotar las ITV con menos volumen de negocio?». Avisa del riesgo de que haya zonas de la región que pierdan este servicio.

Canon anual

Los edificios e instalaciones físicas donde se inspeccionan los vehículos, que construyeron las empresas revierten, al finalizar los 20 años de periodo de concesión, en la Comunidad, explica Tejero. Durante este tiempo, las firmas pagan un canon a la Comunidad: alrededor de 5.000 euros al año por cada línea fija de inspección, y una cantidad por cada vehículo revisado. El presidente de la Asociación de ITV calcula que el Gobierno regional recauda al año entre 600.000 y 700.000 euros.

Son conscientes en la asociación que reúne a las empresas del sector de lo impopular de la actividad que realizan. Pero explican que «son un escalón más en la calidad de vida: sirven para cuidar la seguridad vial, contribuimos a ello». Para probarlo, citan anécdotas a decenas: «Han llegado coches con la dirección apenas sujeta por un tornillo, en lugar de por tres; o camiones con grietas en el bastidor...».