La Comunidad piensa pedir la anulación del acuerdo que aprobó Madrid Central

Garrido ha realizado este anuncio en los pasillos de la Asamblea de Madrid, donde este jueves se celebra el pleno semanal. El jefe del Gobierno regional ha dicho que sigue confiando en que Madrid Central «no se ponga en vigor el día 30» , tal y como le ha solicitado por activa y por pasiva a la alcaldesa madrileña, que por su parte mantiene el que se ha convertido ya en una bandera de su gestión al frente del Ayuntamiento.

Garrido remitió el miércoles una carta a la alcaldesa solicitándole formalmente que le hiciera llegar el expediente completo de la aprobación de este plan de restricción al tráfico. Como quiera que el concejal de Centro, Jorge García Castaño , le contestó vía Twitter que esa información estaba a disposición de quien quisiera verla en la página web del Ayuntamiento, Garrido ha recordado hoy que su requerimiento de ayer fue formal y avalado en varias leyes en vigor. «Lo pido formalmente, no hay tonterías a través de tuits».

Desde las administraciones, ha recordado, «podemos pedir una anulación de ese acuerdo» al Ayuntamiento, y «probablemente es un paso que daremos», antes de tener que acudir al contencioso. La vía de los tribunales es la última que quiere emprender el presidente autonómico, aunque no dudará en llegar a ella si el Ayuntamiento no cede a sus peticiones de paralizar Madrid Central.

En la carta remitida el miércoles a Carmena pidiéndole los expedientes completos de este acuerdo, se le daba un plazo hasta el lunes 12 para hacerlo llegar a la Comunidad. Un plazo que para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , «es excesivo incluso», si «se tienen los informes», puntualizó. «Otra cosa es que no se tengan, que es lo que pasa, y que, por tanto, el Consistorio madrileño se pueda acoger a cualquier tipo de excusas», ha matizado este jueves.

«Nosotros pensamos que no existen los informes que avalen Madrid Central, porque no se puede calificar de un informe que lo avale a uno del 2004, que hizo, por cierto, el Gobierno del PP para evaluar la situación del transporte público. El problema claro que tiene este Gobierno es que no existen estos documentos», ha acusado.