Uno de los pozos abandonados en el municipio de Las Rozas
Uno de los pozos abandonados en el municipio de Las Rozas - ABC

La Comunidad de Madrid suma casi 340 expedientes de sanción por ilegalidades en pozos

Entre 2014 y 2018, la Confederación Hidrográfica del Tajo llevó a cabo más de 4.000 inspecciones; las multas pueden alcanzar el millón de euros

MadridActualizado:

Madrid registró 338 expedientes sancionadoresen relación con la disposición de aguas subterráneas entre 2014 y 2018. Así se desprende de los datos recogidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que abarca el ámbito de la cuenca del río (55.645 kilómetros cuadrados), extendido por las provincias de Teruel (Aragón); Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real (Castilla-La Mancha); Madrid (Comunidad de Madrid); Salamanca, Ávila, Soria y Segovia (Castilla y León) y Cáceres y Badajoz (Extremadura). Entre todos los territorios se han contabilizado 885 casos, siendo la comunidad madrileña la que más infracciones alberga seguida de Toledo (206) y Cáceres (196) que, junto a Guadalajara (53), ostentan la mayor extensión de superficie bajo la supervisión de este organismo. Disparada la alarma tras el muerte del pequeño Julen en el municipio malagueño de Totalán, los expertos consultados por este periódico constatan un repunte de denuncias en la región, si bien no se han detectado nuevos pozos ilegales o abandonados desde que sucediera el fatídico accidente.

Ateniéndose a las tres causas por las que el CHT incoa diligencias en caso de infracción, Madrid acumula en los últimos cuatro años 179 informes sancionadores por el alumbramiento no autorizado de aguas subterráneas; 158, por el incumplimiento de las condiciones otorgadas y uno por la apertura de pozo e instalación de mecanismos. Pese a que la Ley 22/1973, de Minas, regula las competencias en materia de aprovechamiento de yacimientos minerales y recursos geológico, la Confederación Hidrográfica del Tajo -así como el resto de organismos de cuenca- posee, exclusivamente, la autoridad respecto a la afección y disposición de aguas subterráneas, como elemento constituyente del dominio público hidráulico (DPH).

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Aguas, que regula la ejecución de sondeos para extraer agua del subsuelo y proceder a su aprovechamiento, se sancionarán con multas de entre 500.000 y un millón de euros en el caso de las infracciones muy graves, de entre 50.000 y 500.000 euros para las graves, de 10.000 a 50.000 euros las menos graves y hasta 10.000 euros las leves.

Entre 2014 y 2018, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha desarrollado más de 4.000 inspecciones relacionadas con la tramitación de expedientes de disposición de aguas subterráneas, como consecuencia de archivos y denegaciones de solicitudes, para el control efectivo de caudales y para la vigilancia del cumplimiento de otras condiciones impuestas. El objetivo de estas operaciones, cuya puesta en marcha corresponde al Servicio de Vigilancia de la Comisaría de Aguas de este organismo, busca determinar la existencia de este tipo de aguas por medio de las labores de profundización en el terreno, de alumbramiento y de aforo de los caudales resultantes.

Análisis del suelo

Con independencia de las actuaciones anteriores, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) colabora también en el esclarecimiento de las prospecciones bajo sospecha, sea a través de un análisis criminalístico del suelo -dependiente del Servicio de Criminalística del Instituto Armado- que determina su composición y, en consecuencia, el tiempo aproximado que presenta el «pozo» investigado; o en la búsqueda de testigos que puedan informar del origen del mismo. En caso de que el hallazgo esté situado en el interior de una propiedad privada, deberá ser el propietario el encargado de ofrecer la explicaciones pertinentes.

Desde Ecologistas en Acción, no obstante, denuncian la falta de medios para la identificación y posterior sellado de los pozos ilegales o abandonados. Según los últimos datos públicos, revelados en 2006 por el ministerio de Medio Ambiente, en España existían 510.000 pozos ilegales, una cifra que, estiman ahora, podría haberse doblado. Protestan, además, por la desidia de las administraciones y resaltan que el principal problema es la ubicación de la mayoría de perforaciones, dentro de propiedades privadas que no cuentan con redes de vallado para impedir el paso. «Creemos que hay un vacío legal que impide la implantación de una normativa de seguridad específica para este tipo de casos», señala a ABC un representante del grupo.

Para evitar riesgos, los ecologistas consideran que lo mejor sería, una vez detectados, taparlos o llenarlos de tierra. Otras soluciones serían la obligación de fijar una altura mínima sobre el nivel del suelo y señalizarlos debidamente: «Hay muchos pozos en los que caen a menudo animales salvajes y, por desgracia, alguna vez personas».