La Comunidad de Madrid asume el entierro de 59 personas fallecidas por Covid-19 al no ser reclamadas

Desde el cierre de los depósitos provisionales del Palacio de Hielo de Majadahonda y del de Madrid, estos fallecidos han permanecido en el Instituto de Medicina Legal que el Ejecutivo regional gestiona en el barrio de Valdebebas, en la capital.

El fallecimiento de estas personas se produjo antes del 21 de abril, en plena pandemia , y sus restos permanecieron en alguno de los depósitos de cadáveres habilitados por la Comunidad de Madrid debido al aumento exponencial de la mortalidad y a las dificultades de los servicios funerarios para retirarlos.

Esa situación obligó a que los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias tuvieran que ser autorizados para llevar a cabo la retirada de fallecidos en hospitales y residencias de la región.

Enrique Lopez, consejero de Justicia, Interior y Víctimas, ha señalado que la inhumación de estas 59 personas se trata de una gestión «compleja, por lo trágico y por la historia que hay detrás de cada una de ellas» .

Los cadáveres pertenecen a personas que fallecieron sin la cercanía de seres queridos debido al protocolo Covid-19 que impuso la autoridad sanitaria para evitar contagios entre enfermos y familiares, y que, tras su fallecimiento, fueron enviados a una de las tres morgues .

De los 59 cuerpos recogidos y trasladados a los depósitos provisionales durante la crisis, 40 procedían de hospitales y 19 de centros residenciales. Finalmente, pasados más de tres meses, las 59 víctimas que nadie reclamó y que quedaron ingresadas en las cámaras del IML una vez enterradas pueden descansar.

La Comunidad ha señalado que hay tener en cuenta también que, ante la posibilidad de que se produzca un rebrote de la enfermedad en otoño, la Comunidad ha proyectado y aprobado el inicio de las obras que permitirán al Instituto de Medicina Legal entrar en funcionamiento y combatir el virus estudiándolo a través de las autopsias .

Ante la inminencia del inicio de la obra y por humanidad y respeto hacia las víctimas, el Ejecutivo regional ha considerado que lo más adecuado era proceder a su traslado e inhumación.

Para ello, el Consejo de Gobierno aprobará hoy, a través de la consejería de Justicia, Interior y Víctimas, destinar 134.000 euros a los gastos de enterramiento.

«Se trata de una aportación importante, pero necesaria para dignificar a estas personas» , ha señalado Enrique López, que con la inhumación de estas víctimas, quiere poner un «punto y seguido» en la gestión que ha desarrollado durante la crisis del Covid-19.

El departamento que dirige López no solo puso en marcha los depósitos provisionales de cadáveres, sino que, a partir del 21 de marzo, debió montar en tiempo récord el centro logístico desde el que se canalizó la distribución de donaciones y requisas de material de protección en el peor momento de la crisis, una organización que consiguió nutrir cada cuatro días de mascarillas, guantes y material de protección de todo tipo a las residencias de mayores.

Además, López, que ha dirigido el Plan Territorial de Protección Civil (Platercam) durante la pandemia, coordinó a las Policías Locales y agrupaciones de Protección Civil, y participó activamente, de la mano del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, en el Plan de Choque de residencias.

López defiende la gestión del Gobierno de Diaz Ayuso, indicando que «no han adoptado ninguna decisión simple o fácil en la crisis, a pesar de que eran conscientes de los cambios tan profundos que iban a sufrir las vidas de los madrileños».

En el tratamiento a estas 59 víctimas «lo fácil» habría sido optar por realizar enterramientos colectivos, como ha ocurrido en otros países, pero, como defiende, «aquí hemos creído más apropiado enterrarlos de forma individual, con su correspondiente identificación».

Para ello, se ha requerido la colaboración del área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid de la que depende la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, a la que la Comunidad ha contratado para hacer efectivo el enterramiento.

Los fallecidos se han agrupado en una zona del Cementerio Sur de Madrid, y cada uno de los nichos tendrá una placa identificativa de cada víctima .

Los nichos podrán ocuparse durante un periodo de 10 años, pudiendo ser recuperados en cualquier momento por sus familiares para su inhumación en el mismo cementerio.

Como recuerda Enrique López «la crisis ha demostrado una vez más la importancia que tiene que, como sociedad, seamos capaces de honrar y recordar a las víctimas», una realidad que justifica los 70 días de luto con los que la Comunidad de Madrid quiso rendir homenaje a las fallecidos por el virus y la existencia de una consejería con competencias específicas en esta materia.

El Instituto de Medicina Legal (IML) fue una de las tres infraestructuras que, durante la pandemia, la Comunidad de Madrid, a través de la consejería de Justicia, Interior y Víctimas, puso a disposición de la autoridad sanitaria para trasladar víctimas de la enfermedad.

A esos tres depósitos de cadáveres provisionales se trasladaron, en total, 1897 cuerpos . Al Palacio de Hielo de Madrid llegaron 1.146 fallecidos, 162 fueron acogidos en el Palacio de Hielo de Majadahonda, y el resto, es decir, 589, fueron enviados al IML.

Estos fallecidos provienen de los traslados de cuerpos realizados a residencias y hospitales por parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias .

Para que estos traslados se pudieran llevar a cabo de forma legal, la Comunidad de Madrid, a través de la dirección general de Salud Pública, el 26 de marzo debió aprobar una Resolución que dio permiso expreso a las «Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» para la retirada de cadáveres "desde el hospital o lugar de fallecimiento hasta el depósito o instalación funeraria designada, cumpliendo con los protocolos de seguridad y manejo establecidos con motivo de la pandemia.