Cómo afecta al Atlético la sentencia judicial sobre el plan urbanístico del Wanda Metropolitano
El TSJM ha estimado seis de las siete alegaciones presentadas por la asocación rojiblanca Señales de Humo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado el acuerdo suscrito en marzo del año pasado entre el Ayuntamiento de la capital y el Atlético de Madrid para ceder al club los terrenos donde se ubica ahora el estadio Wanda Metropolitano. Los jueces estiman seis de las siete alegaciones del recurso interpuesto por la Asociación Señales de Humo ante la Sala de lo contencioso-administrativo.
Tanto el Consistorio como la entidad rojiblanca recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo para evitar un nuevo traslado del equipo colchonero. Por su parte, el Gobierno de la Comunidad, el tercer ente demandado, descargó la responsabilidad en el equipo de Manuela Carmena , al que achaca los «problemas en la tramitación previa» . Mientras no haya sentencia firme, el fallo no afectará a la continuidad del Club en el estadio. «Hay una realidad física y es que el Atleti está allí ya jugando sus partidos y nosotros vamos a trabajar para que siga siendo así, para consolidar su situación y que no tenga que volver al Calderón», afirmaron desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible.
En una resolución judicial firmada el pasado 17 de julio, el TSJM considera que el Consistorio actuó con «arbitrariedad» al aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), puesto que «no queda constancia del beneficio para el interés general» . También aprecian «falta de motivación» en el plan urbanístico y un «déficit de análisis y previsión de las necesidades de la ciudad».
Según el escrito, el Ayuntamiento incurrió en un error al catalogar el tipo de terreno del estadio. «No se puede pretender clasificar el suelo como urbano consolidado por el simple hecho de que el estadio estuviera en fase de consumación en las fechas de la aprobación inicial» del plan urbanístico ahora anulado. Para el TSJM la clasificación correcta sería la de suelo urbano no consolidado.
«Vamos a trabajar para consolidar la situación del Club y que no tenga que volver al Calderón»
Los jueces también aprecian la alegación de la asociación rojiblanca, que señala que se produjo fraude de ley al sustituir dotaciones por dinero, puesto que al club se le podría haber vendido una mayor superficie de suelo para que cumpliera con las obligaciones compensatorias. El fallo destaca igualmente que sería «imprescindible» redactar un nuevo estudio de incidencia ambiental que contemple, en conjunto, todos los factores que afecten al entorno. También que se realice un estudio global de movilidad, transporte, accesibilidad y aparcamiento que garantice el uso del antiguo estadio de La Peineta. Los magistrados rechazan la validez del estudio acústico porque no incluye «datos sobre posibles construcciones que se podrían ejecutar en el desarrollo urbanístico y las fuentes del ruido».
El sexto motivo de la impugnación tiene que ver con la ausencia de un informe de impacto de género adecuado. «Como hemos reiterado hasta la saciedad, la falta de previsión de los usos que realmente se quieren implantar delimita la imposibilidad de obtener un informe de impacto de género adecuado», subrayan los jueces.
El único punto que el tribunal no entra a valorar es el relacionado con los aparcamientos ; la Asociación Señales de Humo pedía la nulidad del plan urbanístico por la falta de plazas en el coliseo rojiblanco. Argumentaban que al haber una edificabilidad de 151.500 metros cuadrados, deberían existir 2.725,5 espacios en el interior de la parcela y no 1.092. El Consistorio aprobó en un pleno extraordinario, en diciembre de 2016, la modificación puntual del PGOU para sustituir la calificación del suelo en el que se había construido La Peineta de deportivo público por dotacional deportivo privado y permitir así que el Atlético pudiera comprarlo.
Tramitación atropellada
Las prisas por tramitar la licencia antes de que comenzara la temporada hicieron que el Ayuntamiento cometiera algunos errores formales en el expediente. La Comunidad tumbó en un primer momento el plan por la equivocación de Urbanismo al hacer los cálculos de los metros edificables. Sin embargo, una vez subsanado el fallo, el Gobierno regional dio su visto bueno.
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