Cobo acude al Fiscal y exige que «se corte ya el espionaje»
El vicealcalde Manuel Cobo envió ayer un escrito a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid informándole del presunto espionaje que ha sufrido. Cobo se preguntó «quiénes son los que han realizado este seguimiento» y «si tienen retribución pública», y exigió «que se ... corte de forma inmediata», además de exigir que se despejen las responsabilidades porque «no puede haber impunidad en esto».
La noticia del presunto espionaje a Cobo cayó como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento madrileño, donde se seguía con interés la denuncia de trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. El momento en que, según lo que ha trascendido, se espió a Cobo —en los meses previos al congreso popular en Valencia, y en plena guerra entre facciones del PP— hacía aún más desagradable la situación.
«Intromisión ilegítima»
En el escrito remitido al Fiscal, los servicios municipales del Ayuntamiento señalan que dicho espionaje, de comprobarse, sería «una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen del vicealcalde de Madrid, al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, como el encargo directo a asesores contratados por la misma, pagados, por tanto, con fondos públicos, para la ejecución personal de tal irregular cometido, con intenciones que no se alcanzan a comprender al exceder el ámbito competencial de tal Administración Pública».
En una breve comparecencia pública, Manuel Cobo leyó una declaración en la que confirmaba que las fechas y datos de lugares recogidos por los «espías» en la información que ayer publicaba El País «coinciden con mi agenda de esas fechas». Insistió en varias ocasiones en que «en un Estado de Derecho, es ilegal» ser sometido a seguimiento y control salvo por orden de la autoridad judicial. Ahora, el máximo interés de Cobo, según dijo, es desenmascarar a los responsables: quiénes realizaron el seguimiento, si se les pagó con dinero público, quién ordenó el seguimiento, a quién se informaba y con qué fines. Exigió a la vez que «se corte de forma inmediata» esta situación y que «no vuelva a ocurrir».
Descarta a Caja Madrid
Descartó que las operaciones de vigilancia tengan alguna relación con el conflicto de Caja Madrid —«me espiaron en abril del año pasado; me parece obvio que no tiene nada que ver»—. Y apuntó que había recibido numerosas llamadas de otros políticos populares durante el día: de Francisco Granados, Mariano Rajoy, Javier Arenas, Soraya Sainz de Santamaría, «y mensajes de Esperanza Aguirre».
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