Cristina Cifuentes, tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
Cristina Cifuentes, tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD

Las claves de la ley madrileña de universidades

Una parte de su financiación será fija y otra variable en función del cumplimiento de objetivos de investigación y docencia; y habrá más exigencias para abrir privadas

MADRIDActualizado:

Desde que en septiembre de 2015 la presidenta Cristina Cifuentes anunciara su intención de promover una Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, han pasado dos años, más de 60 reuniones con rectores de las universidades públicas madrileñas, un borrador rechazado por éstos en mayo, y un nuevo texto modificado que, según la jefa del Ejecutivo, ahora sí cuenta con el respaldo de las seis universidades públicas madrileñas. El texto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno regional y ahora iniciará su trámite en la Asamblea.

El consejero de Educación, Rafael van Grieken, cree que podría entrar en vigor en el curso 2018-19. En él se recoge un doble sistema de financiación, en parte fijo y en parte variable. El primero servirá para cubrir los costes de funcionamiento -el gasto corriente, el mantenimiento y las reparaciones-.

Será una cantidad que el consejero, con todas las reservas, estima que podría rondar unos 920 millones de euros, y que se repartirá en función de lo asignado por universidad en el año 2011 -el que, históricamente, alcanzó el pico más alto de inversión en universidades públicas en la Comunidad- o lo presupuestado en 2018, «la cifra que sea más favorable para las universidades», puntualizó el consejero.

La otra parte de la financiación universitaria será variable, y dependerá de otros criterios como los objetivos de investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos, y podría rondar, de forma ideal, en torno a los «15 0 20 millones de euros anuales». La financiación será «estable, común y plurianual», indicó la presidenta Cifuentes.

Conferencia de Rectores

Madrid no contaba hasta la fecha con una ley de universidades, a diferencia de otras comunidades como Valencia, Cataluña, Castilla y León, Galicia o Andalucía. Cifuentes asegura que en esta ocasión, el nuevo texto tiene el apoyo de la Conferencia de Rectores de Madrid (CRUMA) y de los rectores de las universidades madrileñas, aunque puntualizó: «No es la ley de los rectores, es la de ley del Gobierno regional».

Entre las crítica que se le hicieron en su día al primer borrador, estaban las relativas a las condiciones para abrir nuevas universidades privadas. En este sentido, la presidenta Cifuentes aseguraba ayer, durante la presentación de la nueva ley, que se exigirían las máximas garantías y un auténtico proyecto de calidad para abrir nuevos centros.

Un discurso en el que insistió el consejero Van Grieken, quien aseguró que incluso se han incrementado las exigencias con respecto a la situación actual: «Se exigirá un programa de doctorado a los tres años de iniciar su actividad, lo que supone un alto nivel de exigencia. Y también se le pedirá planes de investigación, y un mínimo de titulaciones».

En todo caso, Cristina Cifuentes se mostró partidaria de «la competencia y la coexistencia de universidades públicas y privadas».Madrid cuenta en la actualidad con seis universidades públicas y ocho privadas. La nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior inicia ahora su tramitación en la Asamblea, donde llega ya con el «no» de Podemos, que ha anunciado una enmienda a la totalidad del texto. Algo que sorprende a la presidenta Cifuentes, dado que «aún no conocen el documento».

La jefa del Ejecutivo entiende que este grupo político «está cada vez más fuera del sistema». Espera contar con el apoyo del portavoz socialista, Ángel Gabilondo, del que recordó su condición de «ex rector de una universidad pública madrileña».