Las claves que convierten la Ley Maestra en el escudo de Madrid para proteger la Escuela Especial y concertada

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que la Lomloe choca con la libertad de elección de centro, y quiere acabar con el distrito único que actualmente existe en Madrid, ya que apuesta por la escolarización de proximidad y lo fija como criterio prioritario para conseguir plaza. Pero Madrid quiere que las familias puedan escoger cualquier colegio del municipio , esté cerca o lejos de su domicilio. Por eso, mantendrá el distrito único:para el próximo curso 2022/23, ya ha adaptado la puntuación de los diferentes criterios de admisión a lo indicado en la Lomloe, aunque ha mantenido en vigor la zona única en cada municipio. Dentro de sus competencias, ha primado otras circunstancias, como el tener hermanos en el mismo colegio o el agrupamiento familiar.

«Frente a la premisa de la Lomloe de promover la titulación y la promoción con suspensos, la Ley Maestra apuesta por el esfuerzo para lo que promueve la realización de pruebas externas de nivel en los centros educativos que fomenten la calidad», defendió ayer el consejero de Educación, Enrique Ossorio. La idea es premiar la excelencia, y fomentar la mejora de la calidad y la equidad.

Cerca de 5.800 alumnos están escolarizados en centros de Educación Especial sostenidos con fondos públicos: 2.974 en centros públicos y 2.865 en concertados. La Lomloe aboga por una progresiva eliminación de estos centros, pero en el Gobierno de Madrid defienden que el alumno que por sus capacidades pueda ir a un centro ordinario lo haga, pero siempre exista la opción de la Educación Especial para aquellas familias que consideren mejor esta vía. Por eso, la Ley Maestra tendrá en cuenta la opinión de las familias a la hora de llevar a sus hijos a un centro de Educación Especial, para que sea la decisión que mejor se adapte a las necesidades de cada alumno.

En la norma madrileña se incluye un artículo por el que el español se mantiene como lengua vehicular , «algo que desaparece en la Ley Celaá», entienden en el Ejecutivo regional.

Frente al criterio de la Lomloe, que elimina el concepto de «demanda social» a la hora de determinar el número de plazas disponibles en centros públicos y centros concertados, la Ley Maestra garantiza que haya plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas . Por eso, también incluye el mantenimiento de los concursos sobre suelo público dotacional para levantar sobre ellos centros concertados. Y mantiene igualmente la educación diferenciada –que diferencia colegios para niños y colegios para niñas– en la educación concertada, algo que no admite la Lomloe.

Antes de la Ley Maestra, pero en plena sintonía con ella, el Gobierno regional aprobó un decreto que eleva de 6 a 10 años la duración de los conciertos educativos. Este decreto ya está en vigor, y su fin es «dotar de certeza y previsibilidad en la regulación del régimen jurídico de los conciertos educativos a los titulares de los centros y a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en estos centros».