La Ciudad de la Justicia, de ruina económica a proyecto de futuro de Ayuso

En realidad, en el Ejecutivo regional ya llevan algún tiempo trabajando en esta línea: la de volver a poner en marcha la Ciudad de la Justicia. Pero en este momento no es posible iniciar ningún acto administrativo en torno a este asunto hasta que el Supremo resuelva el litigio pendiente. Este se deriva de la decisión que tomó en julio de 2015 el Gobierno de Cristina Cifuentes de desistir de la construcción de este polémico espacio.

Las empresas adjudicatarias, Acciona y OHL, elevaron el caso al Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad, que les dio la razón, pero el Gobierno regional recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió la adjudicación de la Ciudad de la Justicia en noviembre de 2017 por entender que existían infracciones «no subsanables» en las normas de preparación del contrato.

Las empresas presentaron entonces un recurso de casación que es el que ahora está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo . En la consejería de Justicia explicaron que llevan tiempo trabajando para activar este proyecto, en las dos posibilidades que se dan. O bien que el alto tribunal dé la razón al Gobierno regional, con lo cual se iniciaría otro proyecto desvinculado del anterior; o bien da la razón a las empresas adjudicatarias, lo que podría terminar pactando algún tipo de indemnización con ellas. En todo caso, el Gobierno regional ha estado trabajando «en ambas situaciones», intentando adelantar trabajo para poner manos a la obra al proyecto en cuanto la situación se desbloquee en los tribunales.

La presidenta Díaz Ayuso cree que la Ciudad de la Justicia es un proyecto «necesario para acabar con la dispersión» de sedes judiciales. Se llame en el futuro distrito, ciudad o campus , insisten en su entorno, la iniciativa oncentrará todas las sedes y aprovechará lo que ya existe, que se encuentra «en perfecto estado de cuidado», dijo el consejero.

El proyecto que se inició como Campus de la Justicia y se continuó como Ciudad de la Justicia ha pasado por muchos avatares jurídicos desde que la crisis, primero, y la acción política y judicial, después, lo frenaron en seco. Nacido en 2004, pretendía la construcción de 14 edificios. Para su diseño, se contrató a los mejores arquitectos del mundo: Norman Foster, Zaha Hadid y otros muchos . No se reparó en gastos.

El proyecto se adjudicó por el Gobierno de Ignacio González, pero con la llegada de Cristina Cifuentes se desistió de llevarlo adelante. Para entonces, sólo existía un edificio construido, el que iba a ser Instituto de Medicina Forense, vacío y sin uso, y cuyo mantenimiento cuesta 200.000 euros al año.

Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre los ejercicios 2005 a 2015 reflejaba tal descontrol en las cuentas, que terminó ante los tribunales. En él se señalaba que se gastaron 19 millones de euros en dos edificios de los que no se puso ni una piedra , o que había gastos por varios millones cuyos justificantes «no pudieron ser localizados».

Estas irregularidades fueron llevadas ante los tribunales por la oposición –PSOE, Cs y Podemos entonces–, que también había elevado a la Fiscalía Anticorrupción las que ellos encontraron en la comisión parlamentaria sobre la deuda. Calculan que el proyecto «tiró a la basura unos 130 millones de euros de los madrileños».

En septiembre de 2018, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió una investigación sobre el caso . De resultas de la misma, fue llamado a declarar el exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, que aseguró que todas las cuentas «están justificadas».

Mientras el nuevo intento de Ciudad de la Justicia despega, han continuando concentrándose las sedes judiciales en los núcleos penal y civil. Díaz Ayuso visitó ayer el primero de ellos, que agrupa 56 juzgados en tres edificios situados en un radio de 100 metros , en el distrito de San Blas. Son inmuebles en alquiler, que sirven de solución «transitoria» con inversiones «óptimas pero razonables», como las definió Enrique López.

En el núcleo se encuentra la primera camara Gessel –en la que pueden tomarse declaraciones a menores en una sala que son seguidas por el juez desde otra contigua a través de una ventana de visión unilateral–; hay entradas y recorridos internos diferentes para víctimas y acusados; y cuenta con una sala de atención con «papel cero»: ni un expediente a la vista que permita identificar a las víctimas, explicó la viceconsejera, Yolanda Ibarrola.