Cinco mafias controlan el negocio de los cerca de mil pisos «okupados» en la capital

Un censo determinará cuántas de las 5.000 viviendas usurpadas en la ciudad lo son por redes de delincuentes

MadridActualizado:

Objetivo: luchar contra las «okupaciones» mafiosas de viviendas que constituyen el caldo de cultivo para otros delitos. Este espinoso asunto acaparó ayer la agenda de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid. Ambas administraciones coincidieron en dos puntos: en la necesidad de realizar un censo para conocer con exactitud el alcance del problema y determinar cuántos pisos usurpados son fruto de las redes de delincuentes. Y, en segundo lugar, en recurrir a la acción policial. La Delegación lo hace para coordinar y agilizar las actuaciones de todas las instituciones y proceder al desalojo; mientras que el Gobierno local pretende reforzar la presencia de los agentes en zonas conflictivas.

De la bolsa de unas 4.500 o 5.000 viviendas «okupadas» en la capital, al menos mil están controladas por cinco mafias, explicó ayer el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía Sergio Gámez Hortal, nuevo coordinador de seguimiento de las viviendas usurpadas. En la región hay 24.000 vacías –según el INE–, susceptibles de que alguien dé una patada en la puerta.

Gámez fue presentado ayer por la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y por el jefe superior de Policía, Alfonso Fernández Díez. «La prioridad es agilizar el proceso desde que se detecta un piso ‘okupado’ hasta el inicio del juicio rápido», indicó el primero, dentro del protocolo establecido. En él colaborarán, entre otras, todas las unidades policiales implicadas.

Establecer medidas cautelares para agilizar el desalojo de los inquilinos indeseados antes de la sentencia y facilitar las denuncias anónimas son otros de los objetivos, precisó Dancausa. Para facilitar esa tarea, se ha habilitado un teléfono gratuito (900 100 301) y el correo electrónico madrid.ocupacioni@policia.es. «Nuestra prioridad es perseguir a las mafias que ocupan pisos de forma violenta y se lucran al venderlos o alquilarlos a familias vulnerables, convirtiendo esas zonas en focos de delincuencia y marginación, con destrozos en las áreas comunes e impagos de agua o luz, al tiempo que se ampara a los vecinos», precisó Fernández Díez. Ocho distritos acaparan esas «okupaciones» con Villaverde, Carabanchel y Vallecas en cabeza.

Peleas de perros y barbacoas

En Villa de Vallecas se va a reforzar la seguridad de forma inminente. El edificio de la calle de Eduardo Chillida alberga al menos 100 de estos pisos. Las mafias tienen atemorizados a los inquilinos y ejecutan en el lugar todo tipo de actividades ilícitas, como indicó ayer la portavoz de seguridad de Ciudadanos, Ana María Domínguez Soler, en la comisión permanente del ramo: peleas de gallos y de perros, barbacoas en el patio, robos y quema de coches, cobro de mensualidades por usurpaciones. Llegan a solicitar a personas necesitadas entre 200 y 300 euros de alquiler.

El concejal de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, anunció que se mantendrá el refuerzo policial extra durante todo el día. Informó de que el censo que van a realizar sirve para detectar qué pisos están tomados por mafias y cuáles por gente necesitada. Dejó entrever que se llevarían a cabo «desalojos puntuales». A juicio del edil de Carmena, la situación que se vive en el PAU de Vallecas se debe a «la mercantilización» de la vivienda y la «especulación inmobiliaria» de los años precedentes: «Ana Botella vendió el 25% de las viviendas sociales a fondos buitre».

El PSOE deja sola a Carmena

Fue la materia de las «okupaciones» la que provocó ayer que el aliado de gobierno de Ahora Madrid, el PSOE, se alineara con el PP y C’s en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.Los tres partidos se abstuvieron en la aprobación del nuevo reglamento para adjudicar vivienda protegida. El motivo, como apuntó Borja Fanjul, edil del PP, «es que regulariza masivamente la okupación».

El punto más polémico es la posibilidad de que aquellas personas que demuestren llevar viviendo más de dos años en un piso de forma ilegal puedan acceder a la entrega de uno protegido. Esta espinosa cuestión volverá a debatirse en el Pleno municipal la semana que viene.