Cifuentes toma medidas contra el acoso y la violencia a sus empleados
La consejería de Presidencia, primera en aprobar un protocolo que obliga a responder en 10 días a las denuncias por acoso, que serán falta muy grave
La consejería de Presidencia ha sido la primera en aprobar un protocolo contra el acoso -sexual, psicológico y moral o de otro tipo- y la violencia a empleados públicos . Lo ha firmado junto con los sindicatos UGT, CC.OO., CSIF y CSIT-UP, y recoge entre otras medidas la obligación de la Administración de responder en un plazo máximo de diez días a las denuncias por acoso , que pueden realizar la víctima del mismo o cualquier otro empleado que conozca algún caso. A efectos del expediene disciplinario, el acoso se considerará falta muy grave.
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La consejería de Presidencia, que dirige Ángel Garrido, será la primera en aplicar este protocolo, que está previsto extender más adelante al resto de áreas del Gobierno que preside Cifuentes. Incluye medidas preventivas, procedimiento de denuncia e investigación, registro de estos casos y medidas de protección para las víctimas. En su texto, se rechaza cualquier tipo de acoso, tanto el psicológico o moral como el sexual «sin atención del rango jerárquico» del acosador . La consejería se compromete a investigar cualquier queja o denuncia en este sentido, salvaguardando siempre la confidencialidad del denunciante.
Actuar de oficio
La denuncia puede presentarla la víctima o su representante legal, o cualquier otro empleado que tenga conocimiento de los hechos, o incluso el director del centro o jefe de la unidad afectada , que podrá actuar de oficio. Comenzarán entonces las indagaciones sobre el tema, que permitirá tomar «medidas cautelares para garantizar la protección de los implicados».
El protocolo obliga a presentar un informe sobre la denuncia en un plazo máximo de 10 días desde que se presentó la denuncia: será el que indica si se archiva o sigue adelante, con la propuesta de un expediente disciplinario, que será por falta muy grave en caso de acoso. El titular de la secretaría general decidirá en 15 días sobre el asunto. También habrá expedientes en caso de denuncias falsas. Habrá un seguimiento estadístico de los casos de acoso que se produzcan.
Pero además, Presidencia también toma medidas contra otro problema: la violencia ejercida contra los empleados públicos, que sufren especialmente los que trabajan de cara al público . En este sentido, las medidas abarcan no sólo las agresiones a que puedan estar expuestos en el trabajo, sino también las que puedan sufrir fuera en razón de su puesto. Y no sólo violencia física, sino también verbal.
El protocolo aconseja no utilizar «ni voces altas ni lenguaje desafiante»
Prevé medidas preventivas como «evitar el asilamiento físico y horario», «utilizar mostradores anchos», o «rotar a los trabajadores en puestos de riesgo». También plantea «identificar a los reincidentes en conductas violentas» y que les atiendan dos empleados. Aconsejan evitar «tono brusco y constante» y no utilizar «ni voces altas ni lenguaje desafiante». Los empleados agredidos tendrán defensa jurídica.
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