Carmena ocultó una encuesta que alertaba de la falta de información sobre Madrid Central

En el siguiente punto, los encuestados apuntaban, además, al fracaso de los medios puestos en marcha por la Corporación para advertir a los habitantes. La mayoría incidía en haber conocido el proyecto a través de la televisión (56,9%), la prensa escrita (34, 4%), la radio (26%) y las redes sociales (22,6%), quedando relegados a un segundo plano la web municipal (18,8%), los anuncios oficiales en la calle (9%), las oficinas de atención a la ciudadanía (3,1%), los informadores del Ayuntamiento en la calle (2,8%), las cartas informativas enviadas a los domicilios (2,1%) y el teléfono de atención ciudadana 010 (2,1%).

Más adelante, en la pregunta 11, el 48,3% de los sondeados consideraba adecuadas, pero insuficientes las medidas que contempla Madrid Central para mejorar la calidad del aire ; el 30,9% las veía inadecuadas y apenas un 18,8% creía que son apropiadas. A ello, se suman las observaciones del servicio de evaluación al cuestionario, que ponían en duda el contenido de la pregunta 4 («En relación a su movilidad, ¿le afectan personalmente las medidas de Madrid Central»?), al no recoger si la afección es positiva o negativa; y el de otras dos cuestiones, catalogadas de partidistas, por alejarse del objeto del mismo.

Por otro lado, la Sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado anunció ayer la apertura de un expediente gubernativo , abierto el pasado mes de junio, en relación a los índices de contaminación existentes en Madrid. A este proceso, de carácter administrativo (por ahora, fuera de la vía penal), se han ido sumando las diversas denuncias –entre ellas, la de la asociación El Defensor del Paciente– ante la entonces eventual retirada de las sanciones de Madrid Central, efectuada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. La moratoria de multas, cuya suspensión fue ratificada ayer por un juez –el tercero en lo que va de semana–, quedó anulada el pasado 8 de julio tras la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid.

Fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad explican que si la Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado una investigación, lo ha tenido que hacer de «forma preventiva», debido a que esta fue iniciada el 21 de junio –según publicó ayer El País–, es decir, seis días antes de la aprobación de la moratoria. En ese sentido, el Ayuntamiento remitió una nota en la que señala que «no existe constancia de ninguna diligencia, investigación, o procedimiento abierto por esta Sala». Solo en caso de que el fiscal –tras el estudio del expediente gubernativo– hallase indicios de delito, se abrirían las diligencias informativas pertinentes.