Javier Barbero a la salida hoy de las dependencias municipales en 2016
Javier Barbero a la salida hoy de las dependencias municipales en 2016 - EFE

Carmena dejó más de 200 expedientes de sanción a policías municipales

En algunos casos se pide la expulsión del Cuerpo a agentes por informaciones publicadas por ABC

MADRIDActualizado:

La «era Carmena» ha sido, sin duda, la más conflictiva que se recuerda en el seno de la Policía Municipal. Algo ya de por sí bastante complicado. La gestión del hasta hace unos días concejal de Seguridad y Emergencias de Ahora Madrid, Javier Barbero, ha estado pespunteada por multitud de enfrentamientos con el Cuerpo: desde la persecución que siguen sufriendo los agentes que protestaron contra él en la plaza de la Villa (a los que llegó a tildar de «fascistas» y quiso llevar a los tribunales) a la postura (equidistante en el mejor de los casos) que mostró tras la muerte por infarto de un mantero en Lavapiés. Por no mencionar el «convenio churrero», como lo califican sus críticos, que firmó con sus sindicatos afines (UPM, CC.OO. y UGT), pese a que el 85% de la plantilla lo rechazó en referéndum.

El rastro de Javier Barbero por el área, pese a su salida, tiene más consecuencias: son más de 200 los expedientes sancionadores que siguen abiertos contra sus policías. «Muchos de ellos, por motivos sindicales e ideológicos», critica la Asociación Unificada de Policía Municipal, apartidista y una de las más activas de los últimos años. El propio presidente de esta entidad, Carlos Bahón, cuenta con dos de carácter grave: uno por hablar del ayer destituido director general del Cuerpo, Andrés Serrano, y otro por una intervención en el distrito donde trabaja cada día.

Hay casos muy llamativos. Por ejemplo, el del caso del chat policial que un sindicalista de CC.OO. denunció ante la cúpula municipal porque en él se vertían descalificativos contra Manuela Carmena y comentarios que consideraba «nazis». El caso acabó siendo llevado a los tribunales pero finalmente se archivó. Aun así, Barbero siguió adelante con los expedientes sancionadores abiertos a media docena de participantes en ese canal privado. El asunto sigue en el departamento de Gestión Disciplinaria.

Al que fuera dirigente del sindicato mayoritario (CPPM), Julián Leal, le han castigado en dos ocasiones, con diez y quince días de suspensión, por manifestarse con una bandera española en Atocha cuando llegaron los miembros del Parlamento catalán el 2 de noviembre de 2017 para comparecer ante el TribunalSupremo tras la declaración unilateral de independencia. Le acompañaba el actual alcalde de Boadilla del Monte, el popular Javier Úbeda. Leal dejó la portavocía del sindicato a raíz de la persecución sufrida por estos hechos.

Recientemente, a un sargento y un policía de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial (UICJ) se les han incoado expedientes después de que pidieran refuerzo a las Unidades de Apoyo a la Seguridad (UAS) durante un desahucio. Tuvieron la «mala suerte» de que entre quienes intentaban parar el lanzamiento se encontraban personas de Ahora Madrid, que les fotografiaron y enviaron las imágenes al Área de Seguridad. Los dos funcionarios actuaban por orden del juzgado que entendía del asunto.

Pero, sin duda, uno de los casos más controvertidos y recientes es el de un agente al que se le ha comunicado, tres días antes del cambio de Gobierno municipal, el 12 de junio, un expediente por falta muy grave; la sanción puede suponer desde el traslado forzoso a la separación del servicio, pasando por la suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años. La razón no es otra que un artículo publicado en ABC el pasado 12 de marzo en el que este diario se hacía eco de que al funcionario en cuestión se le había suspendido diez días por hacer una crítica en un chat policial. Según el Ayuntamiento de entonces, la libertad de expresión no le justificaba hablar de «esquiroles y ratas».

Querella por prevaricación

Ahora le acusan, «sin prueba alguna», según denuncia APMU, de difundir a ABC el nombre del instructor y del jefe de Gestión Disciplinaria. En el artículo periodístico no aparece como fuente ni tampoco se utilizan afirmaciones del ahora investigado.

Hay otro caso también vinculado a una información publicada en estas páginas. El de un agente que formó parte del grupo al que se le obligó a multar a coches mal estacionados en el paseo de San Illán, de Carabanchel. Tras un tiempo de litigio, acabó denunciando por prevaricación administrativa contra el coordinador general de Seguridad y Emergencias en funciones, Daniel Vázquez, y dos miembros de Gestión Disciplinaria, entre ellos su jefe, Rafael Cañada de Fez. La querella está admitida a trámite.

APMU tiene esperanza sobre el cambio de Gobierno: «Ojalá destituya al responsable del departamento y se lo deje de utilizar de manera sectaria y acabe la caza de brujas».