La capital cifra en un máximo de 3.500 «sus» realojos en Cañada Real

El Ayuntamiento de Madrid hace este cálculo, y apunta que será el acuerdo social entre administraciones que contempla el anteproyecto de ley de la Cañada el que fije quién tiene derecho, cuándo se producirán los realojos y cómo se abonarán los gastos.

Para la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, «allí no viven 40.000 personas; no caben». Y no todos los que están tendrían derecho a realojo: «Nos consta que hay personas que no cumplían los criterios de realojo y se trasladaron aquí, donde tampoco los cumplen». También avisa, para evitar «efecto llamada»: nadie que se haya empadronado en la Cañada después del 7 de julio -día del acuerdo entre administraciones- tendrá derecho a realojo.

Proceso largo y laborioso

Todas las fuentes consultadas coinciden en que el que se inicia ahora será un proceso largo y laborioso. Sólo el realojo de esa cantidad de personas -en torno a 3.500- sumaría años de trabajo. Un ejemplo: el actual plan municipal de integración comprende 1.874 realojos a realizar en el periodo 2003-2011, y hasta el pasado mes de abril se habían realizado 1.415 de ellos. «No es problema -insiste Pilar Martínez-: a ese mismo ritmo, en 12 años habríamos realizado estos nuevos realojos. Es cuestión de presupuesto».

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoce: «Nos queda mucho que trabajar todavía». Él diferenció distintas zonas y situaciones en la Cañada, y apuntó que a la hora de dar soluciones, «se va a contemplar no sólo un conjunto, sino también de forma individualizada» esa realidad.

Los planes del Ayuntamiento madrileño pasan por «tratar no sólo los terrenos de la Cañada sino también los colindantes: vamos a sectorializarlos, buscando la plena integración con el entorno». Eso significa que, por ejemplo, «junto al vertedero de Valdemingómez sólo podrá haber parques tecnológicos».

Eso sí, Ruiz-Gallardón no cree que nadie tenga derechos sobre la zona por haber vivido en ella uno, cinco o veinte años. «Es un suelo que hoy es de dominio público, y por tanto no se puede generar ningún tipo de derecho de propiedad». Añadió que ese «título de propiedad no puede existir» en ningún caso porque «nunca lo han vendido ni la Comunidad ahora ni la Diputación antes».

Y distinguió también: «No es lo mismo quien tiene una vivienda habitual, lo que da derecho a un realojo, que quien hace una ocupación para actividad distinta a la vivienda, bien sea lucrativa o recreativa, lo que no da derecho a realojo». Apuntaba así directamente a quienes han montado su «chiringuito» en la Cañada como «sede social» de un negocio alegal, cuando no directamente ilegal.

«Arrimar el hombro»

El proyecto de ley consensuado por todas las partes para desafectar los terrenos de la Cañada Real es sólo el comienzo para intentar solucionar el problema de esta zona. Todas las administraciones coinciden en señalar que el auténtico problema llegará en el momento de negociar los realojos de las miles de personas que actualmente viven en este núcleo marginal.

Ayer, tras la celebración del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, la consejera de Ordenación del Territorio no dudó en lanzar un par de avisos a navegantes. Primero, advirtió que «cada administración tendrá que asumir sus responsabilidades sociales». Segundo, apuntó que «no vamos a consentir más intrusismo en las vías pecuarias de la región».

Con la primera afirmación, el Ejecutivo regional quiere dar a entender que todos los ayuntamientos por donde transcurre la Cañada tendrán que arrimar el hombro en materia de realojos. Es decir, que serán ellos los que deberán asumir a los miles de habitantes que pueblan ahora por estos terrenos.

Según ha podido saber ABC, será a la vuelta de las vacaciones de verano, en otoño, cuando las administraciones comiencen a abordar los realojos. Para ello se creará una especie de mesa de negociación, donde cada consistorio, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, deberá comprometerse a reubicar a parte de los vecinos de la Cañada.

Por otra parte, el Ejecutivo regional remitirá al CES y al Consejo Consultivo el borrador del proyecto de ley para que realicen las consideraciones que estimen oportunas.