El Campus de la Justicia gastó 19 millones en dos edificios de los que no se puso ni una piedra

La Cámara de Cuentas comienza denunciando cómo no se rindieron las cuentas de varios años, o se presentaron fuera de plazo . Además, afirma el informe que «la contabilidad del Campus no se llevó en varios ejercicios según los principios del Código de Comercio».

Añade que de los seis edificios -valorados en 200 millones de euros- que la Comunidad debía ceder al proyecto Campus de la Justicia para su autofinanciación, sólo se traspasaron dos , por un importe de 44 millones de euros. Y cita textualmente los edificios como el Tribunal Superior y la Audiencia Provincial que «sin tener una sola piedra colocada generaron coste de casi 19 millones de euros».

Otra de las denuncias recogida en el informe de la Cámara de Cuentas hace alusión a la plantilla: le llama la atención la «desproporción entre el personal directivo y el resto de personal: 7 directivos y 3 administrativos en 2007». Y añade: en 2008 había un director y dos subdirectores de seguridad: «mensualmente cobraban los tres más de 14.000 euros» . Y al haber poco personal en administración, esto «se tradujo en gsto en contratación con empresa externas para labores de pura gestión ordinaria».

Resultan especialmente llamativos los datos que aporta sobre los incrementos salariales: «Hay casos individuales» en que hay subidas para el personal directivo del 30 al 80 por ciento, un dato que constata sobre todo «en 2008, cuando la actividad del proyecto de la Mercantil comienza a paralizarse ».

Se habla también en el informe de gastos por varios millones de euros cuyos justificantes «no pudieron ser localizados». En 2012, aparecen dos facturas ascendiendo cada una a 71.645 euros, abonadas en base a un convenio previo de colaboración entre la consejería de Justicia y una fundación para el desarrolo del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que se firmó «cuando ya se había decidido la disolución de la sociedad». Por el uso de una tarjeta de crédito Visa Platino, localizan gastos de al menos 15.600 euros «sin justificar».

En su conclusión, la Cámara de Cuentas alude a la «ineficacia global del proyecto», que entiende que «es reflejo de la ineficacia de los contratos que lo integraron: ineficiencia de múltiples actuaciones comenzadas pero no terminadas». Y las terminadas, carecen de utilidad. Por ejemplo, el edificio de Medicina Legal, «el único erigido, no tiene sitema de frío y calor o de electricidad , ya que estaba planificado edificar una Central de energía que diera servicio a todas las edificaciones y no se construyó».

Estas son sólo algunas de las deficiencias e irregularidades que recoge el informe de la Cámara, en el que además se denuncian las «limitaciones» que han tenido para acceder a la documentación necesaria para fiscalizar la actividad del Campus de la Justicia. Del archivo donde se contenía la documentación, señalan que «sólo puede calificarse de verdadero caos».

Los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos acudieron esta misma semana a la Fiscalía Anticorrupción para presentar un escrito consensuado entre los tres en el que se recogían las irregularidades en el Campus de la Justicia detectadas por ellos durante los trabajos de la comisión parlamentaria sobre deuda de la Asamblea de Madrid.

«Mires donde mires encuentras irregularidades», declaró la diputada socialista Mercedes Gallizo , una de las firmantes del escrito junto con el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez y la de Ciudadanos Susana Solís. A juicio de Gallizo, en este caso ha habido responsabilidades «no sólo políticas sino judiciales». Calculan los diputados que se han «tirado a la basura» en este proyecto unos «130 millones de euros de los madrileños».

Entre otras irregularidades, señalan el pago de 13 millones de euros al arquitecto Norman Foster «por un proyecto que no se hizo más allá de una maqueta y planos». El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha definido el Campus de la Justicia como una «cueva de Alí Babá para facilitar todo tipo de tropelías y malversación de fondos públicos».

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Susana Solís ha criticado la «nefasta gestión» y la «falta de control» de la empresa pública de Campus de la Justicia, constituida en 2004 para ejecutar este proyecto y cuya disolución definitiva tuvo lugar en febrero de 2015.

En los próximos días, los grupos -ha adelantado el PSOE- remitirán también este informe de la Cámara de Cuentas a la Fiscalía Anticorrupción, para que lo incorpore a la documentación ya entregada.