Fernández Heredia, gerente de la EMT, e Inés Sabanés, en la comisión de investigación
Fernández Heredia, gerente de la EMT, e Inés Sabanés, en la comisión de investigación - ERNESTO AGUDO

La Cámara de Cuentas desdice al perito sobre Bicimad: no se justifica el precio

El órgano regional ratifica que faltaba documentación para avalar los 10,5 millones que pagó el Ayuntamiento

MadridActualizado:

Algo no cuadra en la operación de Bicimad, caso judicializado desde febrero del año pasado. Mientras que un perito independiente avala el pago de 10,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Manuela Carmena abonó por el servicio de la bicicleta, la Cámara de Cuentas ratifica en su estudio fiscalizador definitivo de 2016 que falta información que justifique dicho importe. Es contundente.

Según el Informe de Fiscalización de Determinadas Áreas del Ayuntamiento de Madrid del año 2016 que ha publicado esta entidad pública, la ausencia de dos documentos son clave para no poder determinar lo que valía Bicimad, datos que sin embargo pasó por alto el perito en el informe que presentó al Juzgado de Instrucción número 52 a mediados de diciembre pasado. Por un lado está la falta de una auditoría que fijaba una de las cláusulas del contrato y, por otro, las carencias que presenta el informe de Intervención General, que sometía a un control financiero posterior la transferencia de dinero de las arcas municipales a Bonopark, dueño del negocio. «Ambas circunstancias han limitado las actuaciones de comprobación de esta Cámara, por lo que no es posible emitir una opinión sobre la operación de referencia», zanja en el apartado de conclusiones.

El órgano fiscalizador dependiente de la Comunidad de Madrid subraya que Intervención General autorizó la transferencia de 10,5 millones de euros al ente privado el 21 de diciembre de 2016, pero estaba pendiente de una supervisión posterior. Comprobado dicho escrito –que llegó con retraso–, detalla la Cámara, «tampoco aporta información adicional que permita emitir opinión sobre el valor de la unidad de negocio Bicimad transferida».

El organismo regional también señala que, respecto al estudio de viabilidad que hizo la EMT sobre la gestión del contrato de Bicimad, no tuvo acceso a más información que la que figura en la página web de la sociedad pública desde noviembre de 2017, fecha en la que este diario denunció las posibles irregularidades en la compra del negocio.

Además, apunta la Cámara que no ha podido ver el anexo fechado a 21 de noviembre de 2016 mediante el cual EMT y la concesionaria pactan pagar el 100% de precio del contrato en 2016. Este movimiento se hizo para ahorrar 644.474 euros en gastos financieros entre intereses y avales, movimiento al que dio luz verde la Intervención.

Estas lagunas no son las únicas que aprecia el ente de la Comunidad de Madrid. Sobre el «Informe Especial de Cumplimiento de Legalidad de EMT», que realizó una firma auditora del ejercicio 2016, «no se especifican importes ni los relativos a las valoraciones del inmovilizado así como tampoco las relativas al denominado Fondo de Comercio», apartados con los que se llegó a acordar la valoración de los 10,5 millones de euros.

La decisión final

Será Belén Sánchez, la magistrada que lleva la causa, la que determine si la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, incurrieron en los presuntos delitos de malversación y prevaricación de los que le acusa el PP que lidera el candidato a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida. En su poder también obran los testimonios clave que vertieron varios comparecientes en la comisión de investigación de Bicimad. Entre ellos, el del director financiero de la EMT, David Pérez Moncada, que reconoció que maquilló documentos y que se entregó a Bonopark una plusvalía de 3,5 millones.