Cada distrito de la capital precinta una media de 30 bares al año

La cifra la lanzó el concejal de Chamberí, donde se encuentra Macumba, uno de los templos del ocio clausurados el pasado viernes. En esta ocasión, fue el área de Urbanismo la que dictó el cierre y cese de actividades, por presuntas deficiencias de la licencia del local.

La norma se aplica «siempre»

El presidente de este distrito, Luis Miguel Boto, aseguraba ayer que las normas de disciplina urbanística se aplican «siempre» en las juntas municipales, y no sólo ahora, a raíz del trágico fallecimiento del joven Álvaro Ussía a las puertas de la discoteca Balcón de Rosales, ahora también cerrada.

Boto añadió que, por término medio, en el distrito del que él es responsable se vienen precintando unos 30 locales al año, «dependiendo de los años», lo que supondría una media de unas tres al mes.

De este modo, la hiperactividad del pasado viernes fue significativa, no sólo por la cantidad de locales cerrados en un solo día, sino también por el peso específico de todos ellos, auténticos «templos» de la movida nocturna en la ciudad.

De momento, en el Gobierno local siguen trabajando en los diferentes expedientes disciplinarios en tramitación, que afectan a varios locales, y que podrían dar lugar, en próximas fechas, a nuevos cierres y clausuras.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, citó el pasado miércoles varios locales que estaban siendo objeto de expediente. Entre ellos, habló de los casos de Castellana 8, en el que se habían «iniciado actuaciones disciplinarias, encontrándose en trámite de audiencia como paso previo al cese de actividad», o Dink -en la calle Amaniel-, sobre el que «se dictó orden de precinto» que fue «levantada cautelarmente».

Los concejales de distrito se enfrentan, a la hora de revisar los locales de ocio, con problemas prácticos en la aplicación de una legislación que, en ocasiones, apuntan, es «claramente obsoleta». Sólo cuando se acumulan un número de infracciones consideradas en la normativa leves, éstas pasan a la categoría de graves, y pueden llevar aparejada la clausura de la sala.

No obstante, incluso en estos casos -que vienen precedidos de una larga-, la medida extrema no llega a aplicarse por intercesión de los jueces, que en más de una ocasión prefieren permutar el cierre por una multa, para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

Regulación más eficaz

Entre los presidentes de juntas de distrito, los hay partidarios de una regulación más eficaz, que «distinga la paja del grano» y de más peso a la hora del expediente disciplinario a las infracciones que tienen que ver con la seguridad del local o con el medio ambiente -los niveles de ruido que alcanza, el horario de cierre, etcétera-.

Estos motivos deberían tener más peso, a la hora de aplicar una sanción a un local, que otros también considerados como irregularidades y denunciables, por tanto, pero de mucho menor calado, como «el tamaño del televisor».

Otra medida por la que abogan es la aplicación del «cierre cautelar», que viene recogido en la Ley de Espectáculos Públicos pero que no suele aplicarse porque los jueces suelen atender los recursos de los empresarios de salas de ocio a los que se les aplica. Con ello, añaden las mismas fuentes, «se desincentiva su uso».