Se buscan 1.440 millones de euros
Aspecto, en medio del erial de Valdebebas, del único edificio donde trabajan obreros y maquinaria, el Instituto de Medicina Legal | JAIME GARCÍA

Se buscan 1.440 millones de euros

CARLOS HIDALGO | MADRID
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El proyecto del Campus de la Justicia de Madrid se ha convertido en la última víctima de la crisis económica: el pasado miércoles, en Consejo de Gobierno, se decidía lo que era un secreto a voces, la paralización del que fuera uno de los puntales estrella del programa electoral y posterior acción de Gobierno del actual Ejecutivo madrileño.

Las arcas regionales apenas reciben ingresos por impuestos, y hay que echar mano de la tijera. La prioridad, como siempre ha expresado la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, es el gasto social, especialmente en sanidad y educación. Por ello, los 1.500 millones de euros de presupuesto del Campus de la Justicia son un capricho para unos momentos en los que lo importante es priorizar en gasto social. Hasta la fecha, la futura Ciudad de la Justicia se ha comido 60 millones. El problema que tiene la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados, y la de Economía y Hacienda, cuyo responsable es Antonio Beteta, es de dónde sacar los 1.440 millones que faltan para concluir el proyecto. Al menos, en la fecha prevista.

¿Anulación del proyecto? No. En ningún momento se habla de ello en el entorno de Francisco Granados. Pero sí de paralización «sine die». O, mejor dicho aún, la fecha de reanudación de los trabajos la marcará la recuperación económica, un dato que se mueve en el limbo de las especulaciones, que son las peores arenas movedizas.

Por ello, en Sol y Pontejos no hay quien se atreva a especificar un nuevo calendario. Todo está a expensas del dinero. Y el dinero no llega. Porque, aunque se han barajado otras posibilidades, como la financiación mixta con empresas privadas y públicas, nadie tiene un euro para el Campus. No están las cosas como para inversiones de ese tipo.

De cualquier manera, el proyecto ya arrancó con algunos «peros». Y la mayoría referentes al alto coste de las obras. Por un lado, la nómina de arquitectos participantes en la construcción de cada uno de los 15 edificios del recinto, entre quienes se encuentran algunos «cracks» de la arquitectura internacional, como Norman Foster, Richard Rogers y Zaha Hadid.

Precisamente, esta última pidió una «sensible» subida en el presupuesto de su edificio, los Juzgados de lo Civil. La Comunidad tiene buena predisposición para negociar, entiende que siempre un proyecto sale más caro de lo previsto y no se cierra en banda. A todos los autores involucrados, además, se les está informando en estos días de la paralización del proyecto.

Problemas con Zaera

Peor situación se vivió con Alejandro Zaera, autor, precisamente, del único edificio que está casi terminado. En diciembre pasado, el Gobierno regional anunciaba medidas legales contra el autor del Instituto de Medicina Legal. El arquitecto pretendía incrementar el presupuesto de su obra en un 53% (de 15,8 millones de euros a 24).

Aun así había más problemas iniciales. Cuando se puso en marcha el solar de 300.000 metros cuadrados de Valdebebas, se carecía de licencia de obras.

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, explicó a ABC que ya conocía lo que iba a ocurrir. «Esto se veía venir. Entendemos que en un momento de crisis priman otras cuestiones. Hay que ajustarse el cinturón. Entiendo absolutamente la decisión tomada, porque la inversión es espectacular», dijo.

José Luis González Armengol, decano de los jueces madrileños, es más crítico: «Hay una situación de crisis económica importante, pero Madrid necesita unas instalaciones judiciales dignas. El proyecto es superambicioso, pero en un corto plazo habrá que hacer una unificación de sedes», opinó. «La dispersión hay que mitigarla cuanto antes, con Campus o con unificación de sedes», insiste Armengol, quien aboga, incluso, por un cambio de proyecto, más barato, pues el actual lo considera como de «coste salvaje».

Pero no habrá modificaciones, no se eliminarán edificios y se abre la posibilidad de que, cuando a mediados de 2010 esté terminado el Instituto de Medicina Legal, se ponga en marcha. Eso sí, no habrá ni ampliación de la línea 1 de Metro ni intercambiador. Al menos, por ahora. Tampoco saldrán a concurso más obras.