La orden de Madrid de no derivar ancianos graves a hospitales sí se aplicó, según criterios médicos

El relato de los trabajadores señala que la dirección de las residencias les trasladó aquellos días, en pleno pico de mortalidad por el coronavirus, la orden de no derivar a los pacientes con los cuadros más complicados. Su aplicación, señalan, fue variada y no obedecía a un criterio cerrado. «Llámabamos al geriatra del hospital que nos correspondía y, según el nivel de dependencia, se trasladaba o no », recuerda un profesional que prefiere no dar su nombre. Según su experiencia, además, quienes se quedaban no seguían después un seguimiento.

Este extremo concuerda en parte con la versión que reiteró ayer la consejería de Sanidad, basada en que el personal de las residencias no decidía en ningún caso y sí «el geriatra de enlace», según «criterios clínicos». La explicación, sin embargo, esconde algunas contradicciones , ya que aunque en todo momento se ha asegurado que el protocolo era un simple borrador y nunca se aplicó, el documento estaba firmado por el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur de Víu, y el personal de los centros era consciente de su contenido.

«Nosotros no hemos tenido en ningún momento acceso a ese documento porque las órdenes de la consejería las reciben directamente las direcciones de los centros, pero sí nos consta porque algunas empresas lo trasladaron a los trabajadores y las empresas las cumplieron», explica al respecto Juani Peñafiel, responsable de residencias privadas y concertadas de CCOO Sanidad en Madrid.

En el texto definitivo, añaden desde la consejería de Ruiz Escudero, desaparecieron las consideraciones sobre los criterios a cumplir por los pacientes para su derivación. Entonces se pedía valorar «caso por caso» si procedía o no el traslado cuando fueran enfermos «terminales oncológicos, en cuidados paliativos o personas de alta fragilidad». Desde que se envió el primer borrador «por error», el 18 de marzo, hasta entonces se realizaron 493 traslados de residentes a hospitales, según datos de la Comunidad de Madrid. A fecha de hoy, el número de fallecidos en residencias de mayores con síntomas compatibles con coronavirus o confirmación por test de estar contagiados es de 6.007.

Como telón de fondo están las denuncias interpuestas por familias cuyos parientes murieron en la fase más aguda del Covid. La jueza del Juzgado de Instrucción número 39 de Plaza de Castilla, que lleva la causa contra Isabel Díaz Ayuso, decidió inhibirse y pasar el caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las familias piden investigar los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.