Las Bescam renacen con 630 nuevos agentes y un acuerdo de financiación a quince años

El reparto de los nuevos policías

La selección de los municipios en los que estarán destinados los 630 agentes se ha realizado en función de criterios poblacionales, situación geográfica o -en el caso de los que cuentan con menos de 25.000 habitantes- teniendo en cuenta el incremento estacional que padecen, como El Escorial, donde están censados 20.000 vecinos, pero durante cinco meses supera los 60.000. En este municipio habrá 20 policías locales, al igual que en Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, San Fernando de Henares y Rivas-Vaciamadrid. Por su parte, Parla, Coslada, Pozuelo, Alcobendas y Torrejón de Ardoz contarán con 40, y Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón y Leganés, con 50. De los 17 ayuntamientos implicados en esta primera fase, ocho están gobernados por el PP, siete por el PSOE y dos por IU.

La capital no entra, de momento, en los planes de esta primera fase, porque, según explicó a ABC el vicepresidente segundo del Gobierno, Alfredo Prada, requiere «un criterio singular» que será analizado en negociaciones con el propio Ayuntamiento.

Con la firma de ayer -y tras varios meses de intensas negociaciones con los alcaldes de PP, PSOE e IU- comienza la primera fase de un proyecto que muchos dieron por muerto desde el primer día, pero que para la presidenta regional suponía una de sus grandes apuestas para esta legislatura.

Esperanza Aguirre volvió a señalar que la garantía de la seguridad ciudadana «es la primera responsabilidad de los poderes públicos» y reiteró su compromiso de que la Administración autonómica no escatimará recursos «para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en las plazas, calles y locales públicos».

Otro de los puntos de encuentro que han desembocado en la firma de este acuerdo es la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que data de 1992 y cuenta con artículos «que, desde su nacimiento, fueron declarados inconstitucionales». Además, se deja la puerta abierta a que la Asamblea apruebe, en el marco de la reforma de esta ley, la financiación de los agentes locales por parte de la Comunidad de Madrid; en definitiva, que en el nuevo texto legal se deje constancia del nuevo sistema de subvenciones.

El papel del delegado del Gobierno

Las rúbricas de Aguirre y del presidente de la FMM, Luis Partida, ponían el «sello oficial» al acuerdo alcanzado el pasado 5 de mayo entre el Gobierno regional y los 17 municipios que contarán con los nuevos agentes. Aquel día asistía por primera vez a la comisión de seguimiento sobre la seguridad ciudadana el nuevo delegado del Gobierno, Constantino Méndez, quien se comprometió a pedir al presidente del Ejecutivo de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, el número de policías nacionales que requiera la Comunidad de Madrid.

Y es que la segunda pata del proyecto de Aguirre contempla la incorporación de 3.000 agentes nacionales a las tareas de seguridad ciudadana. Premonitoria o no, la presencia de Méndez y su apoyo al proyecto del Ejecutivo regional supuso un paso adelante en la reactivación de las Bescam.

Pocas cosas han cambiado en el plan de lucha contra la inseguridad que el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, presentó el 16 de enero en la Cumbre que se celebró con los distintos alcaldes en la Puerta del Sol, pero tampoco respecto al que Aguirre anunció en campaña. No se ha modificado el número de policías locales y nacionales que preveía este proyecto; ni la idea de reformar la Ley de Coordinación de Policías Locales. Se dijo que el mando natural de esos agentes iban a ser -y serán-sus respectivos alcaldes y que la Comunidad de Madrid se limitaría a financiar a los municipios para la adquisición de los medios materiales necesarios para la lucha contra la inseguridad ciudadana. Quizá la cuestión más espinosa fue la de si los agentes destinados a seguridad ciudadana iban a cobrar más que los que no se dedicaran a estos menesteres. Prada zanjó ayer la polémica anunciando que «no se crearán agravios comparativos».