Ayuso cambiará la ley para nombrar al nuevo director de Telemadrid

Desde entonces, los desencuentros han ido subiendo en intensidad y el punto de inflexión llegó en las elecciones del 4-M, cuando Ayuso se negó a acudir al debate electoral. Pero la decisión de Telemadrid de convocar el debate , aunque la presidenta no asistiese, obligó a la candidata popular a reconsiderar su decisión.

Esta suma de desencuentros están próximos a su fin si, como ha podido saber ABC, Isabel Díaz Ayuso puede, junto con Vox, cambiar la ley que ampara el nombramiento del director general de Telemadrid. El primer paso ya se ha empezado a dar en el equipo de la presidenta y se trabaja ya en la fórmula que permitiría «un nombramiento más sensato» del director general.

Los términos de esta posible modificación legal están por definir, pero lo cierto es que, al menos, ya se ha puesto en marcha el mecanismo para estudiar las posibilidades que se presentan. Una propuesta que se le ofrecerá a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio , y que formará parte de la negociación futura que mantendrán los populares con la formación que preside Abascal . Un pacto en el que también tendrá cabida el puesto en la Mesa de la Asamblea que ocupará Vox. En ningún caso, la Presidencia de la Cámara.

«Si Vox está de acuerdo, se podrá cambiar la ley», aseguran a ABC las fuentes consultadas, que califican de «insensato que se blinde a un director general durante seis años». Esta es la clave del malestar de los populares con la ley que impulsó la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, forzada por Ciudadanos, tras el acuerdo de Gobierno que le permitió alcanzar la presidencia madrileña en 2015 .

Los populares siempre se han quejado del, a su juicio, maltrato de la televisión regional a sus postulados políticos y la cercanía de José Pablo López al exvicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, de Ciudadanos. En este sentido, han criticado la excesiva presencia de Aguado en el canal público, en detrimento de los dirigentes populares.

Pero la situación ha cambiado tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas . La holgada mayoría del Partido Popular, 65 escaños, le permite, junto con los 13 diputados de Vox, cambiar la ley. Esta ley podría modificar las mayorías para nombrar al director general, que ahora es de dos tercios.

Revertir la legalidad que impide cesar al director general es el principal objetivo, sobre todo teniendo en cuenta que José Pablo López puede permanecer en su puesto hasta febrero de 2023, ya que accedió al cargo en febrero de 2017 . En el entorno de la presidenta no ven lógico que el Gobierno no pueda cesar al director general por «prácticamente ningún motivo. Es la única televisión autonómica que no puede prescindir de su máximo responsable».

La clave del futuro de la iniciativa que ya ha puesto en marcha el Gobierno de Ayuso la tiene Vox, que ha ido cambiando su posición respecto a la gestión del ente regional. ABC ha intentado recabar la opinión de esta formación política sobre la propuesta que le va a hacer llegar el Partido Popular , pero no ha sido posible.

En varias declaraciones realizadas por Monasterio se llega incluso a plantear la subasta del canal . En enero de 2020 afirmó que «creo que lo mejor para Telemadrid es subastarla, manteniendo el empleo y los puestos de trabajo, y esos 80 millones de euros dedicarlos a Educación o adaptar las universidades al mercado de trabajo. Esto es lo que me interesa y no tanto Telemadrid, pero esto solo se atreve a decirlo Vox».

Sin embargo, en marzo de 2021, puso en valor la gestión de José Pablo López: «Telemadrid ha mejorado en índices de audiencia y ha mejorado en programación». Eso sí, lanzó una dura crítica contra la politización de los medios de comunicación públicos: «Los políticos deben sacar sus zarpas de Telemadrid».

La «despolitización» de Telemadrid fue el argumento al que se aferró Cifuentes para justificar su reforma legal, que se aprobó en diciembre de 2015. La composición del consejo de administración pasó de siete a nueve miembros: cinco de ellos elegidos por organizaciones profesionales y sociales y los cuatro restantes por la Asamblea. Son nombrados por una mayoría de dos tercios de la Cámara por un mandato de seis años .

El nombramiento del director general de los canales públicos es muy dispar dependiendo de las autonomías. En Andalucía cesa al finalizar la legislatura, mientras que en Valencia la vigencia del cargo es de tan solo tres años. En Galicia es de cinco años y solo puede ser reelegido una vez por dos tercios del Parlamento en primer votación y tres quintos en segunda. Y en Cataluña no tienen plazo concreto y lo elige la Corporación de medios públicos.