Ayuso aprueba su Ley de Educación para frenar el modelo de Sánchez contra la concertada

El Partido Popular atacó la Ley Celaá y denunció que se hayan cambiado los «criterios de admisión de los alumnos» en la concertada, al eliminar la demanda social para la apertura de centros . Igualmente, alertó sobre la eliminación del español como lengua vehicular.

Los populares subrayaron que su texto evita que los inspectores de educación se nombren a dedo y da «respuesta al ataque contra la libertad» en la elección de centro educativo. El PP aseguró que se «blinda la calidad de la educación con evaluaciones internas, y la educación especial.

El PP justificó la de la mayoría de las enmiendas de la izquierda en que su objetivo solo era «retrotaer a la Ley Celaá», y calificó de «hipocresía» que se hable de «atropelló» cuando «aprobaron la Ley Celaá, sin consenso, sin diálogo con las comunidades, sin expertos y sin dictamen del Consejo de Estado».

Más Madrid vaticinó que esta ley «es el final del modelo de educación pública» y aseguró que el Gobierno de Ayuso «está en contra de la libertad y no engañan anadie»

El PSOE ha denunciado el «choque frontal» con la democracia que supone el texto, criticando los principales puntos de la norma que defiende el PP. Respecto a la libertad de elección de centro, se preguntaron «cómo se va a garantizar si han sido incapaces de construir centros educativos demandados por la ciudadanía».

En relación a la educación especial , afirmaron que va en contra de la Convención sobre derechos de personas con discapacidad de la ONU, que dice que «tienen derecho a una educación inclusiva». Finalmente, en cuanto a la educación concertada, criticaron su «defensa desmesurada, engañando a los padres» sobre la ley del Gobierno de Pedro Sánchez y diciendo que «se iban acerrar todos los centros concertados».

Los socialistas calificaron de «desastre absoluto» la tramitación parlamentaria, que se ha querido hacer «rapidito y sin escuchar a la oposición», subrayando que la ley es la consecuencia del «soporte político de los acuerdos con Vox». Finalmente, lanzaron una advertencia : «Nunca una ley autonómica estará nunca sobre una nacional».

Vox mostró su satisfacción por esta ley que beneficiará, fundamentalmente, a los niños de Madrid:«Hoy aquí se aprueban más derechos subjetivos y positivos para los ciudadanos de Madrid, que van a tener muchas más oportunidades. Ningún español va a tener más cobertura que un madrileño.»

Unidas Podemos definió como «atropello parlamentario» la tramitación de esta ley, afirmando que ha sido un «paripé democrático» y animó al Gobierno de Sánchez a presentar un recurso .