El Ayuntamiento de Madrid pide a Interior medidas contra las 200 agresiones a vigilantes del SER

UGT sostiene que los vigilantes del SER sufren una media de 200 agresiones al año en la capital. En 2016, con un leve descenso respecto a los anteriores, los ataques fueron 190. Los datos reflejan que los golpes e insultos se suceden semanalmente, si bien las ofensas verbales han dejado de denunciarse. «Con la reforma del Código Penal (2015) los insultos quedaron despenalizados y ya ni siquiera los denunciamos, pero ocurren a diario», indican desde el sindicato a ABC. El miedo entre los trabajadores es generalizado, especialmente porque la legislación vigente obliga a que aparezca el DNI, domicilio y el nombre y apellidos del controlador que castiga la infracción. «Varias veces se han presentado en la puerta de nuestra casa después de una sanción», lamenta una de las víctimas. Ninguno de los afectados con los que ha tratado este periódico quiere revelar su identidad.

La demanda principal del colectivo, formado en Madrid por una plantilla de 800 trabajadores , es que se modifique el artículo 87 de la Ley de Tráfico y, en lugar de aparecer su nombre, solo figure un número identificativo. Fuentes de la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Inés Sabanés , aseguran que ya han transmitido al Ministerio de Interior su interés para que colabore en los problemas de seguridad del gremio. «En especial, hemos instado a Interior a que modifique la norma y permita que los datos personales no aparezcan en los expedientes», explican. Además, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con las empresas concesionarias para abordar la problemática. A tenor del planteamiento de los sindicatos, se ha pedido que los trabajadores dispongan de una formación específica y de un vestuario de trabajo más adecuado . Aún no han recibido respuesta.

La segunda reclamación es que los controladores sean una autoridad pública y, en consecuencia, las sanciones impuestas se tramiten por la vía penal. «Sale muy barato pegarnos, se les pone una pequeña multa y nada más», lamenta uno de los controladores; y añade: «Pedimos tener presunción de veracidad y ser una autoridad». Este extremo, no obstante, es complicado de conseguir porque los trabajadores del SER no son funcionarios. La pretensión es igualarse a los profesores , que sí consiguieron ese estatus tras las continuas agresiones y vejaciones de algunos alumnos.

Pero más allá de las modificaciones en la ley, los controladores proponen algunos cambios para atajar el problema a corto plazo. El más importante es que vayan en pareja y no en solitario , una situación que ya ocurre en algunos barrios de la capital (La Ventilla y los alrededores del Hospital de La Paz, en la zona del Pilar) donde los casos de agresiones son mayores. También que el botón de emergencia del que disponen en su PDA contacte con la Policía y no solo con la central, como ocurre ahora. Aunque se ha hablado de que la empresa les autorice para llevar un spray de pimienta, desde UGT se oponen totalmente: «Si nuestra palabra no tiene autoridad, cómo vamos a llevar un spray; la solución no es más violencia ». Las empresas concesionarias, aunque aún no han detallado un plan concreto de actuación, sí proporcionan a los controladores asistencia jurídica en estos casos.

Este trabajo se ha convertido en una profesión de alto riesgo por apenas mil euros. Los sueldos de los trabajadores se dividen en dos grupos, en función de las horas. Según datos sindicales, la jornada completa (7 horas) cuenta con un salario bruto de 1160 euros mensuales ; mientras que el turno de tarde (5 horas) está dotado con 750 euros . Los operarios del SER, no obstante, suponen el volumen más alto de multas en la capital . Si la Policía Municipal firma el 30% de las sanciones y los agentes de Movilidad el 23,5%, estos operarios registran el 45,8%.