El Ayuntamiento de Madrid cederá cinco espacios a okupas y asociaciones antes de verano

«Solo contaba con un informe de viabilidad, estaba en la primera fase y, atendiendo a los criterios de ahorro, hemos considerado que la cesión de este espacio a actividades vecinales es más importante», ha respondido la portavoz municipal Rita Maestre . Por su parte, Nacho Murgui ha añadido que la cesión de este espacio aún no se ha producido formalmente y que no hay nada decidido al respecto. No obstante, el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) , en la que participan colectivos radicales como La Traba, cuenta ya con autorización para instalarse en parte del antiguo mercado.

«Se han celebrado reuniones allí pero no hay nada decidido formalmente», ha añadido Murgui al respecto. «La cesión de parte del edificio es perfectamente compatible con la creación allí de oficinas para 2.000 empleados municipales », ha asegurado. Con la aprobación de las directrices, además de Legazpi, el Ayuntamiento ha elegido otros cuatro espacios iniciales situados en la calle Cartagena, 17; en la calle Bravo Murillo, 39; en la calle Cardenal Herrera Oria, 80; y en la calle Badajoz, 56.

Toda la documentación y los formularios para solicitarlos se publicarán en la página web www.madridparticipa.org y se remitirá a las asociaciones inscritas en el registro el próximo martes 1 de marzo. A partir de ese día, las entidades tendrán 15 días para presentar sus proyectos. El Consistorio calcula que los espacios podrán cederse antes del verano.

Sobre las condiciones para acceder a estos espacios, Nacho Murgui ha informado que se va a tener en cuenta el arraigo de las asociaciones, el que tengan una trayectoria «aunque no de forma exclusiva» y la posibilidad de «cooperar entre los colectivos solicitantes». «El objetivo es garantizar la transparencia, la igualdad de acceso a los recursos públicos y las garantías jurídicas de las partes», ha dicho.

De momento, hay 1.900 asociaciones inscritas en el registro del Ayuntamiento que podrán acceder a estos locales. Las solicitudes serán evaluadas por una «comisión integrada por técnicos municipales y por los órganos de participación del distrito». «Con estas directrices pretendemos convertir en un derecho lo que hasta ahora dependía de una decisión arbitraria».