Aumenta la presión sobre el Ayuntamiento de Madrid para llevar las basuras del este a Valdemingómez

Durante los últimos meses ha habido negociaciones entre la Mancomunidad –que preside el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez (PSOE)–, el Ayuntamiento de Madrid y la consejería de Medio Ambiente para llevar de forma transitoria los residuos a Valdemingómez. Se alcanzó un acuerdo el 29 de noviembre, pero no se ha concretado en un documento, pese a la presión de Mancomunidad y consejería.

El presidente de la Mancomunidad, Javier Rodríguez, ha apuntado al 27 de diciembre como plazo máximo para cerrar el vertedero de Alcalá. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, confiaba ayer en que sería «cuestión de días» llegar a un acuerdo, que «puede venir por la colaboración del Ayuntamiento de Madrid». La consejería de Medio Ambiente presiona en la misma dirección: Valdemingómez es «la opción más viable, técnicamente y por proximidad».

Uno de los principales puntos de fricción en el gobierno municipal de PP y Cs viene, precisamente, por el rechazo tajante de la vicealcaldesa Begoña Villacís a que Valdemingómez acoja los residuos. Descartada la opción de que las basuras se llevasen hasta Toledo, la planta de Villa de Vallecas se erige, de nuevo, como la principal opción. Mientras que el alcalde José Luis Martínez-Almeida no quiere que la Comunidad declare la «emergencia sanitaria en Madrid» ante la falta de alternativas y la inminente colmatación del vertedero de Alcalá, Villacís se reiteró ayer en su negativa. «Eso de que no hay más opciones que Valdemingómez no es así. Sí que las hay, pero no es nuestra obligación ponerlas, sino de quien generó el problema», insistió, sobre la responsabilidad de la Mancomunidad.

Desde el PP insisten en que el Consistorio de la capital «no es ajeno a nuestra corona metropolitana y cuando se produce ese problema hay que estudiar todos los escenarios». Ante la posible emergencia sanitaria, que tendría que declarar la Comunidad, el regidor prefiere que se impongan sus condiciones a que lo haga el gobierno regional. Por un lado, Martínez-Almeida planteó que se cobrase una tasa de 30,2 euros por tonelada de desechos enviados y que, después de que se inaugure la planta de Loeches, esa misma cantidad que llegó a Valdemingómez se devuelva a la planta de Loeches, sin coste para Madrid, de manera que no se acorte su vida útil. Pero de momento, si Villacís no cede, la situación seguirá en el mismo punto de bloqueo.