La Ley de Muerte Digna firma su punto de partida en Madrid con el consenso de todos los partidos

Una proposición de Ley, denominada como de «muerte digna» , que inicia hoy su andadura con el consenso generalizado del Pleno para someterse a la tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva.

En la norma, como ha informado ABC , los grupos parlamentarios han renunciado a incluir el debate de la eutanasia que Podemos pidió «despenalizar» y que finalmente retiró . Un punto que corresponde legislar al Gobierno central. Los partidos han escenificado así su acuerdo para regular una cuestión que ya lo está en Andalucía, Navarra, Galicia, Canarias, Aragón, Baleares y el País Vasco.

En este sentido, el portavoz de Sanidad del PSOE, José Manuel Freire, ha recordado ante el Pleno los puntos principales de esta Ley: «Estos no son otros que proteger y regular el derecho de los pacientes a recibir una buena asistencia en la fase final de la vida. La posibilidad de rechazar los tratamientos inútiles . Facilitar el derecho a entrar en la fase final sin sufrimiento. Garantizar la elaboración del documento de voluntades previas de los pacientes . Reforzar los servicios y garantías de las entidades sanitarias para cumplir con los derechos de la persona a punto de morir y, por último, regular los deberes de los profesionales sanitarios al respecto».

Durante su presentación, recordó a Luis Montes, invitado pero que no ha podido asistir por motivos de salud, y pidió una Ley «sin fronteras ideológicas» .

El PP, a través de su portavoz de Sanidad Diego Sanjuanbenito , ha considerado positivo abrir este debate aunque finalmente no se pueda llegar «al cien por cien de acuerdos en todos los puntos». En este sentido, ha recordado que los populares van a participar en sacar adelante una «ley más humana» pero sin renunciar a sus principios. Para ello, ha advertido que se reserva la posibilidad de introducir «las enmiendas que consideren oportunas». «El objetivo es alumbrar una norma que respete los derechos de todos los pacientes y no los de una parte», ha destacado.

En esta línea, ha recordado la negativa del PP a la eutanasia terapéutica o «encubierta» y a obligar a médicos a «actuar en contra de sus principios éticos y profesionales». Asimismo ha pedido que se tome en consideración una segunda opinión médica y a los comités de participación ética en los centros sanitarios. Por último ha invitado a reflexionar sobre la «la diferencia infinitamente sutil entre lo que nos hace mejor y lo que no» a la hora de asistir los últimos momentos de vida de una persona.

Por su parte, Daniel Álvarez Cabo como portavoz de Ciudadanos, ha pedido un esfuerzo en la elaboración de esta norma para respetar los «valores y creencias de las personas». «Queremos que los pacientes reciban a los cuidados que precisen con el menor sufrimiento físico pero también psíquico y espiritual». También han defendido la importancia del «derecho a morir informados» y, esta línea, ha pedido reforzar la educación continuada de los profesionales. En este proceso, la formación naranja ha pedido igualmente supervisar que las normas estatales y autonómicas se cumplan. Álvarez Cabo ha terminado su intervención llamando a la participación de los pacientes y profesionales en el desarrollo de la nueva norma.

Podemos, sin embargo, ha centrado el debate en defender la difusión de una nueva «cultura de la muerte». La diputada Carmen San José , ha pedido a la Cámara regional ser "proactivos" para la aplicación de las leyes ya existentes en esta materia –en concreto la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente- para que las personas puedan “decidir libremente a las opciones clínicas disponibles”. Además, han reclamado una «mayor difusión» de los derechos del paciente por parte de los profesionales de la sanidad. Por último, a pesar de que su grupo retiró la petición de despenalizar la eutanasia, ha solicitado retirar el «obstáculo» que supone el artículo 143.4 del Código penal en el desarrollo de la labor de los profesionales para «garantizar una muerte digna». Este artículo castiga el «suicidio asistido» con hasta diez años de cárcel.