Asalto okupa a la ‘escuela’ de 60 jóvenes con autismo

Al menos, ese era el propósito hasta finales del mes de septiembre, cuando un grupo de okupas irrumpió en uno de los dos pisos sociales, ubicados en el número 34 de la avenida de José del Hierro (Rivas-Vaciamadrid), y se llevó por delante el progreso de cerca de sesenta jóvenes afectados por este trastorno. La sucesión de hechos es la siguiente: el domingo 26, la coordinadora de viviendas de la fundación acudió al Bajo B (en el portal 5 de la citada comunidad) para reubicar algunos enseres al término de una estancia. Anotó una futura reparación y se marchó. Todo estaba en orden.

Pero cinco días más tarde, una persona del equipo de mantenimiento regresó a la casa y comprobó con estupor que la llave no entraba en la cerradura. «Entre el 27 y el 30 la okuparon», relataba ayer a ABC el director técnico de Aucavi, Luis Pérez de la Maza. Y lo hacía frente al piso usurpado, acompañado de una veintena de padres damnificados, que no dudaron en mostrar su malestar. En dos carteles que portaban se podía leer «Quiero integración, fuera okupación» y «Okupa: no pisotees el autismo». La rendición, visto lo visto, no es una opción.

Más si cabe, después de que los inesperados inquilinos prometieran a los responsables de la fundación que se marcharían en un plazo de diez días... y no cumplieran. «El mismo día que nos dimos cuenta de lo que pasaba, fuimos a poner la denuncia al cuartel de la Guardia Civil y nos acompañaron a mediar con los chicos», proseguía De la Maza, sin entender el porqué de una situación que amenaza con golpear a una entidad sin ánimo de lucro que atiende a más de 140 familias al día. El caso ya está en los juzgados de Arganda del Rey.

Mientras el lento proceso sigue su curso, la mezcla de impotencia y tristeza se acrecienta en el seno de una ‘familia’ que pelea sin descanso para sacar adelante a su prole. Javier Martínez es el padre de Jaime; Ángela, la madre de Paula; y Lucía Corral, la de Javier. El vértigo azota a todos , padres e hijos, al borde de un abismo para el que no estaban preparados.

«Una madre ha podido hablar con los okupas y les ha transmitido esa carga emocional que tenemos. Ellos tienen la oportunidad de buscarse la vida, de hacer cosas... nuestros hijos no la tienen , están muy limitados», explicaba Javier, consciente de la necesidad de este tipo de espacios, convertidos en auténticas escuelas de vida. «Estos pisos sirven de aprendizaje para esa vida adulta que queremos que tengan nuestros hijos».

Con ojos vidriosos, Ángela recalcaba la importancia de que los jóvenes puedan realizar actividades de la vida diaria, «como hacer la compra, regresar a casa, cocinar, poner una lavadora, ver la televisión con sus compañeros o ir a pasear por el entorno». Un abanico de quehaceres al que suman diversas actividades de ocio, «un ocio que nada tiene que ver con salir a patinar o ir al cine» y que sirve a los padres para «hacer el respiro familiar» que tanto necesitan.

Lucía, por su parte, tiene claro que esta situación ha cortado por lo sano la educación de su hijo y el resto de usuarios. «En los colegios no puedes llevar una educación sin asignaturas troncales. Este piso es una asignatura troncal para mi hijo y para todos sus compañeros. Si nos quitan el libro donde mi hijo puede estudiar y practicar esa vida independiente, ¿qué hacemos, los tenemos todo el día en el recreo», subrayaba, antes de mandar un mensaje a los usurpadores: «Si nos escuchan, les pediría que pongan la mano en el corazoncito, que yo creo que lo tienen, y que nos dejan educar a nuestros hijos».

Este periódico intentó hablar con los okupas sin éxito. No obstante, padres y miembros de la entidad titular señalaron que son tres personas (dos hombres y una mujer) las que residen actualmente en el domicilio. Ante los afectados, justifican su negativa a salir en base a un supuesto pago de 4.000 euros que habrían abonado a los encargados de forzar la puerta. La mujer, además, incide en que está embarazada de tres meses y que no tienen ningún otro sitio al que ir.

La fundación Aucavi cuenta en esta comunidad vecinal de Rivas-Vaciamadrid con dos pisos (además de un local en Getafe) cedidos en régimen de alquiler por la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Por cada finca pagan 300 euros mensuales, una cifra que deben seguir abonando pese a no poder hacer uso de uno de ellos. Y podría ser peor, ya que el otro inmueble a punto estuvo de ser okupado.