Dos años con el 90% del sueldo, sin coche ni despacho y fiscalizados por la Asamblea

A cambio, se establece un severo régimen de incompatibilidades para evitar las «puertas giratorias»de los expolíticos al sector privado. Cumplidos los dos años, podrán dedicarse a lo que decidan. Podemos ha incluido como condición extra que se fiscalice la actividad institucional de los expresidentes durante el periodo en que reciban el sueldo público. Deberán rendir cuenta de su agenda anualmente.

El proyecto, al que ha tenido acceso este diario, será registrado la próxima semana en la Cámara regional para su aprobación definitiva en diciembre . Las fechas que se barajan son las del día 10 o 23 de diciembre. En paralelo, el Pleno aprobará la derogación del Consejo Consultivo, órgano en el que ahora tienen asiento todos los expresidentes menos Esperanza Aguirre, que renunció, y por el que perciben un salario vitalicio de 100.560 euros, 8.380 euros brutos al mes.

El nuevo estatuto no dará cobertura a Joaquín Leguina , primer presidente regional entre 1983 y 1995; Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003) ni Esperanza Aguirre (2003-2012). Sólo podrá acogerse a él Ignacio González , que dejó la Real Casa de Correos a finales de junio y se encuentra, por tanto, en el periodo previsto por la futura norma. En concreto, tendrá opción a percibir 92.700 euros hasta julio de 2017. Para ello, deberá renunciar a ejercer la abogacía, para lo que ya se ha dado de alta en el Colegio de Abogados, o a cualquier otra actividad privada.

Los expresidentes no dispondrán en ningún caso de despacho, secretaria, coche oficial y chófer . Tampoco tendrán gastos de representación, como había planteado el PP en un principio, siguiendo el modelo de autonomías como País Vasco o Cataluña. Lo que sí tendrán es el reconocimiento honorífico su condición de máximos representantes de la región: recibirán siempre el tratamiento formal de Presidentes y serán distinguidos con la Medalla de Oro de la Comunidad ;que ya tienen todos salvo González. Además, podrán ser llamados por el Consejo de Gobierno para dar su asesoramiento en los temas que se requieran; tendrán voz pero no voto.

Como dispusieron en su acuerdo de investidura, PP y Ciudadanos sacarán adelante en las próximas semanas la ley que suprime el Consejo Consultivo, cuyas funciones serán reasignadas a los servicios jurídicos de la Comunidad y al Tribunal administrativo de contratación. Este órgano, cuyos trabajos no son vinculantes, tuvo en 2014 un coste para las arcas públicas madrileñas de 3,5 millones de euros. La presidenta autonómica, Cristina Cifuentes , apostó por cerrarlo después de que Ciudadanos exigiera sacar a los políticos de lo que se ha considerado como un «retiro dorado». A cambio, les prometió una «salida digna», pero lo cierto es que se les manda a casa.

Leguina tiene derecho a una pensión de 3.000 euros mensuales, pero a sus 74 años se resiste a jubilarse. Gallardón presta servicios jurídicos en un despacho de la capital. Aguirre permanece como jefa de la oposición en el Ayuntamiento. González tendría año y medio de margen para buscarse un futuro.