El alquiler de viviendas turísticas en Madrid se multiplica por veinte

El uso de plataformas como AirBnb se ha incrementado de forma exponencial hasta el punto de registrar subidas interanuales de más del cien por cien en prácticamente todos los barrios de Centro: de 4.440 reservas en 2012 se pasó a 90.142 en 2016 , según los datos oficiales del Ayuntamiento basados en el análisis de Red2Red Consultores.

Ante esta efervescencia desaforada y los problemas de convivencia derivados de la sobresaturación de barrios como el de Sol, en el que más de un tercio de las viviendas ya son de uso vacacional, la Junta de Gobierno de Madrid aprobó de forma inicial el pasado 26 de julio un plan especial que recoge que los inmuebles del centro que se alquilen durante más de 90 días al año deberán solicitar una licencia de uso terciario, de tipo hospedaje, al entender que en ellos se realiza «una actividad comercial». Además, estableció una moratoria de un año, ampliable a otro más, para expedir nuevos permisos en los barrios de Centro más explotados.

Esta medida, que no entraría en vigor hasta que se aprobase en el Pleno, a finales de este año, también obliga a los alojamientos turísticos que compartan edificio con viviendas de uso residencial a tener «un acceso independiente». Sin embargo, la CNMC considera que las regulaciones urbanísticas impulsadas por Ahora Madrid son «contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores».

Para la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) es «bochornoso» que la CNMC recurra el plan especial municipal, puesto que les «afecta de forma directa». «No queremos prohibiciones, sino que se regulen para competir en igualdad de condiciones y de forma leal», explica a ABC el presidente de AEHM, Gabriel García Alonso, que subraya que el Ayuntamiento debe poner coto a este crecimiento «desaforado»: « En apenas dos años ha crecido la oferta de establecimientos no regulados un 168% frente al 2% de aumento de plazas hoteleras legales », añade García Alonso.

El número de viviendas de uso turístico declaradas en las plataformas «online» se eleva a 9.723 , según los últimos datos recogidos por el área de Urbanismo, que coinciden con los de Madrid Aloja, la Asociación de particulares, gestores y pequeños propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad. Sin embargo, los hoteleros señalan que el Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas eleva la oferta a 26.000 alojamientos , entre oficiales y no declarados. «Los 400 establecimientos hoteleros ofrecen 89.000 plazas y las VUT ya suman 90.000», alerta García Alonso.

Por eso, para los hoteleros es imprescindible «distinguir entre economía colaborativa y actividad económica». «Hay personas que gestionan 200 pisos turísticos y eso es un negocio que, como el nuestro, tendría que estar regulado y cumplir con los requisitos que se nos exige para darnos la licencia de apertura», reclama el presidente de la patronal hostelera.

No obstante, desde Madrid Aloja piden que no se «demonice» al sector, que, según asegura a ABC su presidente Adolfo Meras, está «luchando contra las molestias de los residentes», porque son conscientes de que no sobrevivirán «sin el consenso vecinal».

Por ello, proponen una batería de medidas, algunas ya en marcha, para «garantizar la convivencia» y mejorar la atención al cliente: hoja de reclamaciones en todas las viviendas, enviar los datos de los huéspedes a la Policía a través de una «app» , que todos los propietarios declaren sus ingresos, el c ontrato obligatorio de un seguro de responsabilidad civil, la instalación de tecnología bluetooth para abrir el portal con una clave digital por uso para evitar la copia de las llaves, entre otras.

La ordenanza muncipal está ahora en manos de la Justicia, pero el decreto que sí que entrará en vigor en octubre será el de la Comunidad, que exige a las viviendas un certificado de idoneidad. Esta norma define por primera vez qué son los canales de oferta turística e integra a las plataformas «online» que salen del limbo legal y se convierten en empresas turísticas, con derechos y obligaciones. El incumplimiento de estas podría suponer multas de hasta 300.000 euros.